El Telégrafo RD

SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció el informe rendido por la Comisión Especial de la cámara de diputados sobre el proyecto de Ley de Partidos Políticos, esto así por la inminencia y necesidad que hoy día tiene la colectividad, de contar con una ley que trasparente y garantice el acceso y ejercicio del Poder Político, sobre todo en consonancia con el sistema democrático.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, pide al congreso sin demora alguna y luego de casi 20 años, el aprobar la ley, que, si bien no será perfecta, iniciará el camino a una mejor democracia, respondiendo además al actual contexto constitucional que ubica en el artículo 216 a los partidos políticos como órganos constitucionales.

La entidad cívica consideró como una salida salomónica y atinada la decisión de la comisión del congreso, al permitirle a los partidos de conformidad sus estatutos y fuero interno, el que puedan adoptar el modelo de primarias que más se avenga a sus intereses y al consenso interno de su dirigencia.

Finalmente, Potentini llamó la atención de la clase política para que entiendan que se trata de un instrumento urgente y trascendente para para el sistema democrático dominicano, sin cuya normativa no tendríamos elecciones fiables y seguiríamos con todos los vicios que ha venido atesorando nuestra corrompida democracia.

El presidente de Justicia y Transparencia emitió sus declaraciones en el marco de la realización de una conferencia, donde se dieron cita cientos de abogados, auspiciada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, en la ciudad de la Romana.

Observadores electorales definen elecciones colombianas de ejemplares, cívicas y democráticas

Colombia, Bogotá, Lunes 28 de mayo de 2018.- En el marco de la celebración de las elecciones presidenciales colombianas, observadores electorales las definen como ejemplares, cívicas y democráticas, instando a otras naciones a seguir el camino del fortalecimiento de las instituciones democráticas, como garantía de la paz y la gobernabilidad.

La Red Iberoamérica Líder y Florida International University (FIU), al desarrollar un laboratorio internacional de seguimiento y análisis del proceso electoral colombiano, por intermedio del denominado Campus Electoral Iberoamericano, conjugó la participación de varias naciones del mundo en calidad de observadores electorales internacionales, procedentes de Estados Unidos, España, Brasil, Alemania, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Panamá, Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, Chile, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Argentina, México, Ecuador; entre otros.

La representación y delegación dominicana estuvo integrada por el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, el Senador Dionis Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Enrique García, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y los juristas Julio Cury y Cesar Rodríguez, quienes pese a la abstención destacaron la madurez y conciencia cívica del pueblo colombiano, al concurrir a las urnas de forma ordenada y pacífica, sin ningún incidente de importancia y con resultados fiables una hora y media después de terminar el proceso eleccionario.

Los dominicanos destacaron la participación y concurrencia de más de 19 millones de electores, una cantidad superior a las elecciones del 2014, resultando ganador Iván Duque con más del 39% de los votos, seguido por Gustavo Petro con apenas un 25%, logrando pasar a una segunda vuelta para el próximo 17 junio, donde se decidirá quién será el próximo presidente de los colombianos.

Piden a JCE replicar experiencia colombiana en comicios del 2020.

Asimismo pidieron al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio Cesar Castaño Guzmán, el aprovechar y replicar la experiencia en el país, sobre todo por su condición y testigo de excepción como jefe de la misión internacional de observadores electorales, para las elecciones de Colombia.

La misión de observadores internacionales, fundamentalmente la representación dominicana, en un ejercicio comparado resaltó la no ocurrencia de conflictos, la casi total ausencia de clientelismo, la poca o casi ninguna publicidad política y el prácticamente nulo proselitismo, el tiempo record de poco más de una hora para los resultados, el personal para el proceso voluntario y seleccionado aleatoriamente del padrón electoral, el otorgamiento como incentivo de un certificado de votación a los concurrentes, el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para las votaciones, todo ello pese a contar con más de 36 millones de electores; así como un régimen de consecuencia y fortaleza institucional que hacen mandatario el respeto a las leyes y la constitución en el ámbito democrático.

Delegación Dominicana participa en entrenamiento internacional sobre Derecho Procesal Constitucional 

Colombia, Bogotá, Viernes 25 de Mayo de 2018.-El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, en el marco de la celebración de una Estancia Académica y un Congreso Internacional sobre Derecho Procesal Constitucional en Bogotá Colombia, fue designado por el consejo de directores de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional como el director de la sección dominicana del referido organismo. 

La designación fue aprobado por el pleno de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional que encabeza el jurista colombiano Eduardo Andrés Velandia Canosa, cuya entidad tiene como objeto la promoción del derecho constitucional y procesal constitucional, fundamentalmente en el marco científico y académico de la evolución y tendencias de la justicia constitucional y su incidencia en la tutela de los derechos humanos y el estado de derecho, contando en la actualidad con una matrícula que supera los 20 países; además de una matrícula superior a los 250 miembros de los más connotados Jus-Constitucionalistas de América y Europa. 

Dentro de los prestigiosos juristas que hoy conforman la membresía de la asociación se destacan, Luigi Ferrajoli, Roberto Romboli, Luca Mezzetti, Vicente Fernández, Jorge Londoño, Wendy Molina Andrade, René Moreno Alfonso, Pablo Darío Villalba, Aníbal Quiroga León, Jorg Luther, Edgar Andrés Quiroga Natale, Luis Andrés Cucarella, Ernesto Rosenstand, Víctor Eduardo Orosco, Patricio Marianello, Rubén Martínez Dalmaux, Selin Esen, Ricardo Perona, Diana Beltrán Grande, entre otros. 

Velandia Canosa, al darle la bienvenida a Potentini puso a disposición de la república dominicana los programas y actividades académicas que coordina la asocian con más de diez universidades de todo el mundo, anunciando desde ya facilidades para cursar a inicio del año 2019 una especialización en justicia constitucional en la universidad de pisa, Italia, donde participan dentro del cuerpo docente los maestros Ferrajoli, Ricardo Guastini y Gustavo Zagrebelski, también un master en justicia constitucional y derechos humanos, en la universidad de bolonia, Italia, bajo la dirección de Luca Mezzetti. 

Potentini agradeció la distinción, tras comprometerse a ser un guardián del estado de derecho en correspondencia con el ejercicio y empoderamiento cívico de la promoción de la constitución como norma suprema; así como el proyectar y replicar en la República Dominicana los fines y objetivos de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. 

Delegación Dominicana participa en entrenamiento internacional sobre Derecho Procesal Constitucional. 

En otro orden, tanto al congreso como a la estancia internacional en derecho procesal constitucional se dieron cita de la República Dominicana una nutrida delegación de juristas, procedentes del master que coordina Trajano Potentini, en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la universidad autónoma de Santo Domingo (UASD), quienes estarán en un entrenamiento intensivo por dos semanas, recibiendo en una especialización las nuevas tendencias y retos del Neo-Constitucionalismo. 

El curso de especialización está bajo la responsabilidad académica del Dr. Velandia y Diana Beltrán, con los auspicios de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y la Universidad Francisco de Paula Santander, con una duración de 80 horas, durante los días del 21 al 31 de mayo del 2018. 

El curso abarcó y desarrollo las últimas tendencias del derecho procesal constitucional, tanto en los esquemas internacionales como interno de los países, destacando el papel de los operadores del sistema de administración de justicia, en su rol estelar de garantizar el debido proceso de ley, en consonancia con la protección de los derechos humanos, todo ello en el marco de la justicia convencional 

El evento tuvo lugar en el Metrotel NH de la Ciudad de Bogotá, cuyo organizadores agradecieron a la delegación dominicana por su destacada participación y apoyo, en especial a los juristas, políticos y magistrados que representaron el país, resaltando el senador Dionis Sánchez, Víctor Céspedes, Raúl Quezada, Aniuska Soriano, Enrique García, Guillermina Cruz, Evelin Peláez, Alfredo Ferrer, Manuel Galván, Edwin Nova, Luz del Carmen Matos, Edward Victoriano, Iván Gonzales, Carlos Ortiz, Aneudis Castaño, Mamerta Ubri, Elizabeth Quiñones, Marnie Valeria García, Diana Vílchez, Ramón Sánchez, Lourdes Polanco, Smerly Rodríguez, Lorena Antigua, Luis Domingo Sención Araujo, Pedro Santana, Eric Montas, Franklin Lapaix, Zoilo Moya, Harlem Moya, Carlos Núñez y Melissa Peguero, entre otros.

Justicia y Transparencia pide repensar y organizar sector de los combustibles en interés de la colectividad

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió a las autoridades competentes industria y comercio, obras públicas, medio ambiente, salud pública, defensa civil y los ayuntamientos, el repensar y organizar el sector de los combustibles en atención al interés general, siempre priorizando la seguridad y el bienestar de las personas.

El pedimento de la entidad cívica se fundamenta en los recientes aprestos de modificar la legislación y reglamentos vigentes, con el fin de habilitar a las estaciones de expendio de combustible a que puedan comercialización conjuntamente el gas y la gasolina en un mismo establecimiento comercial.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, llamó a la prudencia con el tema de la unificación de la venta de combustibles, sobre todo urgiendo ante cualquier interés sectorial o particular, a re-estructurar y transparentar la industria de los combustibles, revisando así y actualizando todo lo relativo a la permisologia en los diferentes estamentos gubernamentales; además de corregir todas distorsiones imperantes en el sector.

Potentini deploró que más del 90% de las actuales instalaciones de estaciones de expendio de combustibles no cuentan con los permisos de obras públicas, (aprobación de planos para construcción y otros) y más perturbador aun, lo constituye el hecho de que en la mayoría de los casos no hay registros, ni evidencias de la supervisión del entierro de los tanques de combustibles, tampoco del seguimiento y rigor el mantenimiento de los mismos.

Finalmente, la FJT ante el panorama actual, recomienda una gran discusión que integre a los sectores interesados, gobierno, comercializadoras de combustibles, sociedad civil y pro-consumidor, para organizar y relanzar el sector, en consonancia con el interés colectivo y el respeto a la seguridad jurídica de los negocios establecidos.

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó como difícil y tortuoso el primer año de gestión del segundo mandato del presidente Danilo Medina, caracterizado por el desvelamiento del sonado escándalo de corrupción trasnacional de la ODEBRECHT y su eventual juzgamiento, todo ello potencializado por el despertar cívico y los sucesivos reclamos que hoy encarna el movimiento Marcha Verde.

No hay dudas de que el caso ODEBRECHT se erige como el más importante de la historia dominicana, no solo por los montos envueltos, sino también por la gran estructura política y empresarial que por más de una década operó en el país, a su anchas y con la complicidad y participación directa de los políticos; además de envolver en esa red un entramado internacional de corrupción extendida con otras doce naciones.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini entiende que el caso ODEBRECHT, plantea un ante y un después en materia de lucha contra la corrupción en la República Dominicana, y que el mismo debe llamar a la reflexión a la clase política en general, transparentando todo su accionar en el proselitismo y conquista del poder.

Para Potentini el actual escenario obliga al gobierno del presidente Medina a trillar y priorizar el camino de la transparencia, con una firme voluntad política que evidencie el destierro de la impunidad, el fortalecimiento de la justicia y de los órganos de control, la independencia del Ministerio Público y condenas ejemplares y definitivas en el caso ODEBRECHT.

Justicia y Transparencia favorece cambios y caras nuevas para eficientizar labor del gobierno.

La FJT favoreció e instó al Poder Ejecutivo a introducir cambios en el tren gubernamental, inyectando caras nuevas en procura de eficientizar la labor del gobierno, afrontando con nuevos bríos y visión renovada los grandes males y retos que acechan a la República Dominicana, incluyendo una reflexión profunda sobre el daño e inviabilidad política, social y económica que supone el cáncer de la corrupción administrativa.

De acuerdo con Justicia y Transparencia, sería saludable y conveniente producir cambios y remociones en los principales ministerios y órganos de regulaciones sectoriales que lucen rezagados, ante las exigencias y expectativas insatisfechas, propias de sus responsabilidades y funciones.

La FJT también lamentó la continuidad en sus cargos de varios funcionarios, señalados y cuestionados por el rumor público, los cuales hasta el momento no han tenido un accionar cónsono con las proyecciones puestas de manifiesto en el las directrices y ejecutorias del presidente Danilo Medina.

SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), afirmó que sería inconstitucional el establecer por ley la obligatoriedad del voto, por constituir el mismo una expresión libérrima de la voluntad de los ciudadanos y más aún el ejercicio de un derecho y deber fundamental, que bajo ningún concepto o pretexto en los términos del artículo 208 de la constitución puede ser obligado ni coaccionado, y citamos: Artículo 208.- Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini explicó, que ciertamente el artículo 75 numeral 2 de la constitución, le da categoría de deber fundamental al voto, además de ser el presupuesto base de la democracia, con una doble vertiente, una activa y otra pasiva, la de elegir y ser elegible, previsto en la constitución como un derecho de ciudadanía artículo, 22 numeral 1.

En suma se trata de un deber cívico y de un derecho incuestionable, con reconocimiento jurisprudencial y categoría de derecho fundamental en el ordenamiento jurídico nacional, el cual incluso se proyecta en esa capacidad y libertad de decidir, con la manifestación indistinta, de votar por algún candidato, votando en blanco o simplemente absteniéndose de participar del proceso eleccionario, todo ello como la más fiel expresión de la democracia.

De acuerdo a Potentini, no hay dudas de que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, previsto en el artículo 7 de la constitución, el principio democrático tiene un carácter instrumental, sobre el resto del ordenamiento, expresado en el sufragio universal como vocación libérrima de la democracia.

Asimismo el artículo 272 de la constitución, establece el referéndum aprobatorio para reformas constitucionales, contemplando un mínimo de un 30% de los inscrito en el padrón electoral para la validez de un referéndum, con ello dejando claro la no obligatoriedad del voto, para una de las consultas más trascendente en el plano constitucional.

Potentini fue categórico en reiterar la inviabilidad constitucional de hacer obligatorio el voto en el país, el cual a la fecha solo estaría previsto en 21 naciones alrededor del mundo, un mínimo porcentaje si tomamos en cuenta la totalidad de casi los 200 países existentes en la actualidad.

Finalmente la fundación lamentó que la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de establecer el voto obligatorio sea el resultado de tratar de corregir vicios propios del sistema político dominicano, como lo sería la compra de cedulas y de conciencia, soluciones que bien podrían plantearse con el voto electrónico u otras reformas de control y vigilancia de los procesos, además de un férreo sistema de consecuencias.

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), hizo causa común con la asociación de padres, madres tutores y amigos de la escuela (APMAE), Instituto Tecnológico Dr. Federico Henríquez y Carvajal de la ciudad de Barahona, al suscribir y reclamar del Tribunal Constitucional, mediante escrito de intervención voluntaria de amparo, el garantizar el derecho fundamental a la educación como servicio público prioritario, previsto en la sentencia que condenará a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Barahona, al pago de un astreinte diario de 50 mil pesos, por cada día perdido de docencia.

La entidad de sociedad civil, por intermedio de su presidente Trajano Potentini, explicó que el derecho a la educación tiene un carácter instrumental, del cual depende el ejercicio pleno y desarrollo de otros derechos; tales como la dignidad humana, el libre desarrollo, el derecho al trabajo e incluso la libertad de expresión, además del interés superior del niños, entre otras prorrogativas y facultades conexas.

A juicio de Potentini, en un ejercicio de ponderación y pesaje de dos derechos fundamentales en posible conflictos, como el derecho a la educación versus el derecho a huelga o protesta, el primero tiene preeminencia sobre el segundo, en razón de que el plantear una huelga indefinida como el caso de la especie, pondría indefectiblemente en peligro el año escolar, además de tratarse de un servicio público, el cual en modo alguno puede ser afectado de manera irracional.

En tal sentido reconocemos que los profesores siempre tendrán derecho a ejercer su derecho a la protesta, pero bajo modalidades y formas que no afecten el bien público y derecho prioritario a la educación, lo cual constituye sin lugar a dudas un presupuesto base del Estado Social y Democrático de Derecho, proclamado por nuestra carta magna en su artículo 7.

De lo que hablamos es que siempre los profesores tendrán su derecho a la protesta garantizado, pero siempre en condiciones de racionalidad, nunca truncando las esperanzas de millones de niños y adolescentes, que deben ser objeto de un mejor futuro, en suma los profesores deben reinventarse en sus métodos de lucha, haciendo siempre un ejercicio responsable de su derecho a la protesta, en un marco de racionalidad.

Finalmente la fundación urgió al Tribunal Constitucional, a ratificar en todas sus partes la sentencia del juez Máximo Matos, de la ciudad de Barahona, en el entendido de que la misma, sienta un precedente trascendente en materia del sagrado derecho y bien público, que hoy por hoy constituye el derecho a la educación, indispensable para el desarrollo y combate a la pobreza en la República Dominicana.