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 SANTO DOMINGO.- Un amplio número de organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana estuvieron representadas en la Audiencia Pública 567, en el marco del 164 período de sesiones del Comité Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH), que tuvo lugar en la ciudad de México, del 4 al 8 de septiembre de 2017, durante la cual fue presentado un informe sobre la corrupción y la impunidad y la denuncia del asesinato de Vladimir Lantigua y otros casos de represión policial en el país.

Bartolomé Pujals, portavoz de las organizaciones, leyó un informe general en el que las entidades dan cuenta de que la corrupción y la impunidad se han convertido en la característica fundamental del sistema político de República Dominicana, a través de un ordenamiento jurídico que lo garantiza, y sostienen que esto tiene un impacto que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos y de grupos vulnerables.

Un tercer eje sobre la situación respecto al derecho a la protesta y los movimientos sociales de lucha contra la corrupción e impunidad que se expresan en la Marcha Verde, fue presentado por Rosanna Marizán, quien afirmó que la represión ha sido usada por el Gobierno para garantizar la impunidad en la República Dominicana-
“En la medida que ha ido creciendo la indignación social y la protesta va tomando forma orgánica, el Estado se ha convertido en un resistente con represión brutal hacia la ciudadanía”, afirmó Rosanna Marizán.

Marizán informó sobre el asesinato de Vladimir Lantigua Baldera, militante del Movimiento Popular Dominicano (MPD) y de Marcha Verde, a manos de la Policía Nacional, en el marco de una protesta contra la corrupción y la impunidad en San Francisco de Macorís, el día 1 de agosto del año en curso, y el caso del médico y activista Wazar Gómez, quien en el pasado mes de julio denunció que fue golpeado por seguridad del presidente Danilo Medina.

También citó la represión de la Policía Nacional contra activistas de Poder Ciudadano, en noviembre de 2015, cuando se manifestaban frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y resaltó que fueron objeto de abusos y golpeados en una segunda oportunidad, pese al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en reconocimiento de su derecho a la protesta.

Al elevar el petitorio al organismo de los Derechos Humanos, Rosanna Marizán solicitó, en nombre las organizaciones, la intermediación del CIDH para que el Estado investigue el caso de Vladimir Lantigua, así como los demás casos de represión policial y de violación de los Derechos Humanos, y que los imputados sean procesados por el Sistema de Justicia dominicano, al mismo tiempo que urgieron la visita de una comisión del organismo a la República Dominicana para verificar sus denuncias.

El Estado dominicano estuvo representado por Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien dijo que se sentía “sorprendido” de que la República Dominicana haya sido citada por el CIDH a la audiencia temática, tras considerar que en el país no se ha producido situaciones en el funcionamiento del sistema político ni de violación de los Derechos Humanos, que justifiquen la aplicación del artículo 53 del reglamento de dicho organismo.

Espinal calificó de “inexacta e “incompleta” el informe - denuncia presentado por las organizaciones sociales dominicanas ante el CIDH y rechazó que en el país se haya instituido un sistema de represión, no hizo alusión alguna ni respondió los casos específicos de represión presentados por las entidades dominicanas, como fue el caso del asesinato de Vladimir Lantigua.

De su parte, Luis Ernesto, miembro del CIDH y relator en la audiencia, quien se refirió a la visita de trabajo solicitada por las organizaciones de la sociedad civil que suscriben la denuncia de violación de los Derechos Humanos en República Dominicana, dijo que están a la espera de que el Estado dominicano haga la invitación al organismo, tras señalar que el gobierno les comunicó que no podía ser en el momento político actual.

La CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como misión promover los Derechos Humanos, celebró 17 audiencias sobre situaciones de derechos humanos, sistemas de justicia, derecho de alimentación y de migrantes en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Haití, República Dominicana y Estados Unidos, realizadas ante una amplia asistencia de público en el edificio de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y seguidas por transmisión web por miles de personas, siendo un paso previo a la eventual visita de trabajo y verificación a los países que han sido objetos de las denuncias y a su presentación en la asamblea general de la OEA.

FALPO anuncia movilizaciones contra la impunidad

El vocero nacional del FALPO Raúl Monegro anunció que a partir de esta semana retomarán las manifestaciones para exigir “una investigación real” del asesinato de Mario Vladimir Lantigua Baldera y que los responsables sean sometidos a la justicia.

Monegro se quejó de que a 41 días de la muerte del dirigente popular y activista de Marcha Verde, Vladimir Lantigua, el Ministerio Público se ha limitado a decir que tiene cuatro años para la indagatoria del crimen.

“Es una irresponsabilidad del Fiscal Regis Victorio Reyes pedir que le lleven pruebas, cuando es precisamente su responsabilidad ir tras las pruebas y mantenerlas en custodia, para lo cual tiene los mecanismos. Desde un principio dijimos que la muerte de Vladimir Lantigua fue un asesinato político, el comportamiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que responden al gobierno de turno, lo confirma; han actuado para encubrir los asesinos y propiciar la impunidad”, manifestó Monegro.

Indicó que este miércoles 13 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, realizarán una marchará hasta el Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís, para piquetear la Fiscalía, y que luego se dirigirán a la Gobernación Provincial para exigir el cumplimiento de las demandas que dieron motivo a la huelga municipal.

El portavoz del FALPO advirtió, que de no ser sometidos en los próximos días los responsables de dar muerte a Vladimir Lantigua, podrían realizar una vigilia contra la impunidad frente al Palacio Nacional en la ciudad Capital.

SANTO DOMINGO.- Un país es incluido en el capítulo IV.B del informe anual de la CIDH por haberse quebrado del orden democrático.

O porque que las autoridades democráticamente electas hayan sido derribadas por un golpe de estado. O que haya violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

Nada de eso pasa en RD

Ninguno de estos hechos suceden actualmente en República Dominicana. Incluirla en ese capítulo es una decisión arbitraria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este es el planteamiento del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. 

La CIDH presentará su informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Será en México, en junio próximo.

Ni remotamente

“Poner a un país en ese capítulo evidentemente que tiene efecto con respecto a ese país cuando las condiciones ni remotamente están dadas para estar incluidos en ese capítulo”.

Espinal afirmó que República Dominicana goza de una estabilidad política y gobernabilidad democrática envidiable. Explicó que hace 40 años que en el territorio nacional “no se ha producido ningún quiebre del orden político”.

Decisión sesgada y desproporcionada

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo señaló que la CIDH ha mostrado una inflexibilidad y sectarismo. “Está totalmente impermeable a los argumentos de hecho y de derecho que nosotros presentamos. Su decisión fue sesgada y desproporcionada”.

Dijo que informó al presidente de la CIDH que la imagen de RD puede sufrir daño con esto. Sin embargo, le precisó que la más dañada podría ser la CIDH. Esto, porque ponía en tela de juicio su credibilidad en el rol que está llamada a desempeñar.

CIDH cuestiona la Constitución dominicana

Señaló que aunque en este informe no se tocó, lo que siempre la CIDH ha objetado es el régimen de nacionalidad.

Se refiere a los efectos que pudo haber tenido la sentencia 168-13. El cuestionamiento al derecho mismo de nacionalidad que está plasmado en la Constitución. La decisión del Tribunal Constitucional de que hijos de personas en condición migratoria irregular no adquieren la nacionalidad.

“El hecho de que un país tenga una restricción para la requisición de la nacionalidad por las razones históricas, socio culturales, de idoneidad y de intereses del Estado, no necesariamente, y no lo es en este caso, conlleva un factor discriminatorio”.

Evaluar 

Flavio Darío Espinal fue entrevistado en el programa Hoy Mismo, de Color Visión. Habló también sobre el caso Odebrecht. Dijo que el ministerio público tiene que evaluar la la denuncia de organizaciones de la sociedad civil. Se trata sobre investigar si la empresa financió la campaña electoral del presidente Danilo Medina en 2012 y 2016.

“El ministerio público tiene que evaluarla y decidir si le va a dar cabida o no. Tiene que evaluar los méritos de la misma”, recalcó.

No hay motivo

Resaltó que hasta ahora la única declaración firme al respecto la dio Mónica Moura, esposa de Joao Santana, bajo juramento en un tribunal.

“Ella fue categórica. Por eso yo digo hasta ahora que eso es lo que vale y yo creo que eso va a permanecer como tal. Porque no hay motivo por el cual ella incluya en su declaración a Brasil, Venezuela y Panamá por ejemplo, y excluya a República Dominicana y Argentina”.

SANTO DOMINGO.- Una delegación del gobierno dominicano, encabezada por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor, Flavio Darío Espinal, rechazó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de incluir a la República Dominicana en el capítulo IV.B en su informe a la Asamblea General de la OEA que se celebrará en México en el mes de junio.

En este capítulo se colocan aquellos países que, según la Comisión Interamericana, violan de manera masiva, grave y sistemática los derechos humanos, así como cuando hay una ruptura del orden político democrático. Es la primera vez que República Dominicana es incluida en dicho capítulo, en el cual también esta Venezuela y Cuba.

En su intervención el Consultor Jurídico expresó que esta decisión de la CIDH es “totalmente desproporciona, no tiene base ni justificación y pone de manifiesto la actitud inflexible, cerrada y sectaria de la Comisión, por lo que el gobierno dominicano rechaza de manera firme y categórica dicha decisión”.

En su intervención el Doctor. Espinal señaló que en la República Dominicana no se a producido ningún acontecimiento que represente retroceso alguno en las áreas más relevantes de los derechos humanos, entre ellos la libertad política, la libertad de expresión, de asociación, de creencias religiosas y demás libertades públicas. Se refirió también a la cuestión migratoria y al tema de la nacionalidad, defendiendo la posición del país en estas materias.

En la sesión, dirigida por la embajadora de Canadá, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, estuvo presente el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren Praeli y el Secretario Ejecutivo Paulo Abrao.

La delegación que viajo a Washington desde Santo Domingo estuvo integrada también por la viceministra Alejandra Liriano, el abogado Olivo Rodríguez Huertas y la embajadora Rhadis Abreú, además del el embajador Gedeón Santos y otros funcionarios de la Misión Permanentes de la República Dominicana ante la OEA.

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