El Telégrafo RD: CNLCC

CNLCC pide al TC dicte sentencia de acción inconstitucionalidad contra comisión de notable

SANTO DOMINGO.- En la mañana de este jueves, una delegación del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, urgió al Tribunal Constitucional (TC) a que dicte la sentencia de la acción directa de inconstitucionalidad de extrema urgencia que interpuso contra el Decreto 6-17 que creó la comisión de notables sobre Punta Catalina, que fue dejada únicamente pendiente de fallo, en audiencia celebrada hace casi dos años, el 24 de abril de 2017.

La entidad basó la urgencia de este fallo en que puede cambiar el curso del proceso que sigue la Suprema Corte de Justicia a los inculpados de recibir soborno de Odebrecht, ya que el informe de esta comisión es citado por el Ministerio Público para excluir a Punta Catalina de este expediente.

Explicó que si el Tribunal Constitucional fallara a favor de la acción de inconstitucionalidad, la comisión creada por el Decreto 6-17 quedaría invalidada y por tanto también el informe que rindió exculpando la licitación y la adjudicación del proyecto de Punta Catalina de haber recibido soborno.

Dijo que el Ministerio Público en la presentación de acusación, solicitud de audiencia y requerimiento de apertura a juicio, concluye que en esta obra no hubo soborno, aunque admite que en las otras 16 obras anteriores sí, sin aclarar por qué la confesión de Odebrecht en Nueva York, en diciembre de 2016, ante autoridades judiciales de EUA, Brasil y Suiza, no hizo excepción de ninguna obra y que más del 50% de los sobornos fueron pagados entre el 2012 y el 2014, en el período en que se licitó y se adjudicó el proyecto de Punta Catalina y se comenzó su construcción.

Afirmó que en este expediente, el Ministerio Público apoyó el descargo de Punta Catalina indicando que “evaluó y valoró el informe de investigación de fecha 30 de junio de 2017”, emitido por esta comisión.

En la carta que entregó esta mañana el colectivo al Tribunal Constitucional plantea que “es muy importante para la sociedad, para el proceso seguido a los imputados de haber recibido soborno de Odebrecht y para el régimen constitucional de la República, el dictamen del Tribunal Constitucional sobre la conformidad o no con la Constitución del Decreto No. 6-17 y por tanto de la comisión que constituyó”.

La carta entregada esta mañana por ante la secretaria del Tribuna Constitucional es la tercera que el colectivo le ha dirigido al presidente y al pleno de este alto tribunal urgiéndoles a que emitan la decisión sobre la acción de inconstitucionalidad. El 4 de julio del 2017 y el 10 de octubre pasado entregaron sendas misivas en ese sentido.

Señaló que otra razón aún más importante para que se dicte con urgencia el fallo de la acción de inconstitucionalidad, es la necesidad de defender en estos momentos la supremacía de la Constitución y del régimen político que ella establece.

“Aunque a causa de la ausencia de la sentencia que reclamamos, no se pudo impedir que la comisión del Decreto, No.6-17 se conformara y realizara la labor de encubrimiento y exculpación para la cual fue formada por el Presidente de la República, se hace necesario que ese alto tribunal establezca si este decreto es o no compatible con la división e independencia de los Poderes Públicos de nuestro régimen constitucional, y si suplanta o no otros poderes públicos y sus funciones, especialmente al Poder Judicial”, expone en la carta.

Añade que “el asunto es si el Presidente de la República podía o no, a la luz de nuestra Constitución, organizar una comisión para que fiscalizara sus acciones en el proyecto de la construcción de dos plantas de carbón de Punta Catalina, provincia Peravia, al margen de lo que finalmente concluyera esta comisión. Es este aspecto el verdaderamente transcendente en este caso y que tendrá los mayores efectos y consecuencias para la supremacía de la Constitución y de su régimen”.

Calificó la demora indefinida de la emisión del fallo, de denegación de justicia que ”viola nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, lesiona el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, perpetrada por el máximo organismo llamado a proteger el régimen democrático y a salvaguardar los derechos”.

La delegación que entregó la carta a nombre del CNLCC estuvo integrada por Euren Cuevas Medina, David Montes de Oca, Ingrid Paulino, Héctor Turbí, Carlos Sánchez, Enrique de León, Miguel Ferreras, Jacquelín Herrera, Tito Olivo Salazar, entre otros.

Protestan que excluyan las energías renovables de licitaciones para nuevos contratos eléctricos

Acusamos al Gobierno y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de práctica monopólica contra la libre competencia al celebrar licitaciones que excluyen a las energías renovables

SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, protestó por el anuncio formulado por Radhamés Del Carmen, administrador general de EDESUR Dominicana, de que próximamente se realizarán licitaciones para contratos de energía eléctrica de cuatro años exclusivamente a gas natural, y por tanto con exclusión de las energías renovables.

En entrevista recientemente efectuada por Acento TV, el ingeniero Del Carmen hizo el anuncio (en el 16:58 minuto de la entrevista) al hablar sobre los próximos planes del Gobierno en el sector eléctrico.

El colectivo dijo que esta exclusión de las energías renovables de las licitaciones para conceder los contratos eléctricos, es una de las principales razones para no suscribir el Pacto Eléctrico.

“Un Pacto Eléctrico que no tiene la fuerza para obligar a la CDEEE y a la Superintendencia de Electricidad a que garantice la participación de las energías renovables y mucho menos de priorizarlas en las licitaciones para la compra de electricidad, es el mejor desmentido de que este acuerdo responda a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No.1-12”, afirmó.

Recordó que las últimas licitaciones realizadas para reemplazar los contratos del Acuerdo de Madrid, se excluyó igualmente a las energías renovables.

Manifestó que esta reiterada exclusión de las energías renovables de las licitaciones eléctricas, viola la disposición de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de descarbonizar la economía nacional y sustituir los combustibles fósiles importados por fuentes renovables de energía.

“Mientras en Chile, Uruguay, España y en otras naciones las licitaciones han sido el instrumento para adquirir electricidad de fuentes renovables mucho más baratas que las fósiles, en el país de forma maliciosa y monopólica, se excluyen las energías renovables de la competencia”, aclaró.

El Comité resaltó que ahora la CDEEE y el Gobierno han descubierto que el país tiene acceso a gas natural, mientras construye dos plantas a carbón en Punta Catalina bajo el pretexto de que no existía en el mercado disponibilidad de este combustible.

“Independientemente de que hubiese o no disponibilidad de gas natural en el pasado, el Gobierno que reconoce que ahora existe esa disponibilidad, está obligado a convertir a gas natural a Punta Catalina”, expuso.

Planteó que si el gobierno ha decidido comprar electricidad generada a gas natural, y de forma exclusiva, es porque considera que estos proveedores tienen asegurado el suministro de este combustible y porque es un producto de mejor calidad que el carbón.

Señaló que este anuncio de licitación exclusivamente para gas natural, es a la vez una discriminación ilegal y abusiva contra las energías renovables, y un desmentido de la supuesta inexistencia de gas en el mercado, lo que despoja de toda justificación que Punta Catalina permanezca a carbón.

“Acusamos al Gobierno y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de práctica monopólica contra la libre competencia al celebrar licitaciones que excluyen a las energías renovables”, enfatizó.

Adujo que estas licitaciones, tanto las anteriores para contratos de corta duración como las que ahora se anuncian para contratos de cuatro años, son para favorecer a los intereses de los grandes dueños de generadores de combustibles fósiles, en detrimento de que el país adquiera electricidad barata y limpia.

El Pacto Eléctrico que el Gobierno pretende que se firme, perpetuará el predominio de los fósiles en la matriz eléctrica nacional y la dependencia del país de la importación de estos combustibles.

Reiteró que el Pacto Eléctrico únicamente favorecerá a la mafia público-privada constituida por funcionarios gubernamentales y los grandes generadores fósiles.

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático apoya declaraciones de Milton Morrison en contra del Pacto Eléctrico

SANTO DOMINGO.- Si el gobierno tuviera alguna sensibilidad democrática desistiría de convocar a la firma del Pacto Eléctrico después de las críticas que formulara contra este acuerdo el antiguo representante de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Milton Morrison, opinó el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

Según el colectivo, la críticas de Morrison al Pacto Eléctrico, además de contener argumentos demoledores, poseen la autoridad de provenir de uno de los expertos más conocedores del sistema eléctrico nacional y antiguo vocero de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), y del sector empresarial durante los casi 3 años que duraron las discusiones de este acuerdo.

Dijo que Morrison ha respaldado en sus recientes declaraciones con toda claridad la denuncia de que el Pacto Eléctrico aumentará la tarifa eléctrica a todos los consumidores y que éste será un obstáculo para la incorporación de forma significativa de las energías renovables en el país, dos de las razones por las que esa organización y el Sector Social y de los Consumidores se retiraron de las discusiones de este acuerdo en agosto pasado.

La entidad calificó de valientes las declaraciones de Milton Morrison, y llamó a que los empresarios y el Sector Laboral sigan su ejemplo.

“Con sus declaraciones Morrison no permite que su silencio pudiera tomarse como apoyo al Pacto Eléctrico y a los abusos que en nombre del mismo se cometerán contra el pueblo”, manifestó.

Señaló que el Gobierno hará el ridículo si insiste en convocar a la firma del Pacto Eléctrico sin la partición del Sector Social y los Consumidores y después de estas declaraciones de Morrison que refuerzan también la firme negativa de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) a suscribir este pacto manifestada en diciembre pasado.

“Tanto la oposición de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) al Pacto Eléctrico como estas declaraciones de Morrison, evidencian la resistencia a suscribir el acuerdo de importantes sectores empresariales que hasta ahora se han mantenido en silencio”, explicó.

Indicó que la firma de un Pacto Eléctrico con la ausencia de importantes actores y en medio de graves denuncias de que no solucionará los problemas eléctricos del país, demostrará que la administración de Danilo Medina no posee ninguna vocación real de concertar consenso.

Reiteran posición del gobierno sobre la crisis eléctrica elevará la tarifa y entregará Punta Catalina al Sector Privado

SANTO DOMINGO.- Fracasó de nuevo la maniobra del gobierno de imponer como pacto eléctrico un acuerdo tras bastidores arreglado con una parte de la cúpula monopólica del gran empresariado que es beneficiaria de la crisis y el desorden en el sistema eléctrico dominicano.

Señalaron que el acuerdo Gobierno-Cúpula del CONEP, aumentará la tarifa eléctrica, mantendrá las pérdidas de energía eléctrica que es donde está concentrada la corrupción, eliminará de la ley que obligapago de compensación por los apagones, suprimirá el 10% que deben pagar los usuarios no regulados y no establecerá la veeduría social independiente en todo el sistema eléctrico.

Las entidades que conforman el Sector Social y losConsumidores felicitaron, al mismo tiempo, a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo por negarse a firmar el Pacto Eléctrico.

Calificaron de digna y de correcta la postura de los industriales de Herrera de rehusarse a hacerle el coro a un Pacto Eléctrico carente de transparencia, en el que el Gobierno y la cúpula empresarial impidieron el consenso sobre los aspectos claves de la matriz eléctrica del país y que se conociera la mega corrupción de Punta Catalina.

Manifestaron que no tiene objeto suscribir un acuerdo que viola por completo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, número 1-12, que establece que la economía nacional debe descarbonizarse y que los fósiles importados deben ser reemplazados por fuentes renovables en la generación de electricidad.

Señalaron que por iguales razones que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, el Sector Social y de los Consumidores se retiraron de las discusiones a medidos de año y anunciaron finalmente que no suscribirían el Pacto Eléctrico, si no se abordaba y se discutía la mega corrupción presente en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, había un compromiso de sanear realmente las EDEs, no se subiría la tarifa eléctrica al consumidor final y se establecería el sistema de contraloría y veeduría social en el sector eléctrico.

Llamaron a los demás sectores empresariales que en su condición de consumidores seguirán pagando una elevada tarifa eléctrica recibiendo prolongados apagones, para beneficio de la corrupción y de la cúpula empresarial sometida a los intereses de los grandes generadores eléctricos, a que no suscriban este Pacto Eléctrico.

“Mientras la cúpula empresarial está dispuesta a suscribir el Pacto Eléctrico para garantizar la continuidad de sus negocios en desmedro del pueblo, los industriales de Herrera se sitúan al lado de todos los consumidores, que necesitan suministro de electricidad de calidad, sin apagones y a bajo precio”, observaron.

Extendieron este llamado de no firmar el Pacto Eléctrico al Sector Laboral que siguiendo una lógica de obtención de mínimos, se presta a legitimar un acuerdo que lesiona los intereses de la nación y favorece la mafia público-privada que explota a los trabajadores y los hace cada día más pobres.

Expresaron que en la firma de este Pacto Eléctrico está implicado, ante todo, un asunto de ética que las grandes movilizaciones realizadas por el pueblo dominicano desde el 22 de enero, colocaron en primer plano, que es la dilucidación de la mega corrupción cometida por Odebrecht y por el Gobierno en Punta Catalina. El gobierno solo quiere hacer lo que confesó Jiménez Bichara, cuando afirmó que “el Pacto Eléctrico era para blindar a Punta Catalina”.

“Debería ser imposible para todas las personas e instituciones que estén de acuerdo con el fin de la impunidad y de la corrupción, suscribir un Pacto que endose por omisión esta corrupción”, aseguró.

Entre las organizaciones que constituyen el Sector Social y de Consumidores figuran el Observatorio Dominicano de Políticas Pública de la UASD, Articulación Nacional Campesina, Asociación de Comités de Amas de Casa, la Federación Nacional de Consumidores, Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).

Afirman que gobierno intenta ocultar fracaso de Pacto Eléctrico firmándolo en víspera de navidad

SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, manifestó que el Gobierno intenta ocultar el fracaso del Pacto Eléctrico, celebrando el acto de firma de este acuerdo en víspera de las fiestas navideñas.

Señaló que el Gobierno convocó el acto de firma del Pacto Eléctrico para mañana, jueves 21, en el Palacio Nacional, con la finalidad de que pasen desapercibidas las carencias de contenidos del documento y las significativas ausencias de importantes actores que participaron en más de tres años en las discusiones de este acuerdo.

El colectivo indicó que el Sector Social y los consumidores no suscribirán este Pacto, así como importantes sectores empresariales y educativos del país.

Informó que desde mediados de este año las entidades del Sector Social y de los consumidores se retiraron de las discusiones y anunciaron que no suscribirían finalmente el Pacto Eléctrico si no se examinaban los actos de corrupción cometidos en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Advirtió que tampoco la proximidad del asueto navideño y de las fiestas de final de año, ocultarán la desvergüenza y la complicidad con la mega corrupción de Punta Catalina de los que suscriban este pacto.

“Aquellos que acudan mañana al Palacio Presidencial a firmar el Pacto Eléctrico se prestarán a servir de mampara del desastre en todos los órdenes que ha sido la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina”, sentenció.

Plateó que únicamente los directamente vinculados con la corrupción de Punta Catalina y los que dependen del Gobierno y de sus canonjías, firmarán este acuerdo.

Reiteró que este Pacto Eléctrico no rebajará la tarifa eléctrica, no compensará a la población por los apagones, no reducirá las pérdidas en el suministro eléctrico, ni sustituirá los fósiles importados por fuentes renovables para generar electricidad.

“Para los que servirá este acuerdo es para mantener y proteger la corrupción en Punta Catalina, en el sistema eléctrico nacional y en el Gobierno”, acusó.

Llamó a la opinión pública a observar y tomar nota de las instituciones y sectores que no suscribirán el Pacto Eléctrico y de aquellos que lo harán, para que diferencie a los que en realidad se oponen a la corrupción y procuran el cambio de la matriz eléctrica del país, de los que apoyan la impunidad y pretenden continuar beneficiándose del desorden existente en el sector eléctrico.

Amplia alianza de entidades públicas y sociales realizara programa sobre cambio climático en las escuelas

Santo Domingo.- En un acto presidido de honor por el Premio Nóbel de la Paz 2007 y doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Rajendra K. Pachauri, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que realizará el programa La Escuela Dominicana Responde al Cambio Climático, en estrecha alianza con entidades públicas y con las más importantes organizaciones del movimiento ambientalistas del país.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo informó que para impulsar este programa se ha constituido una plataforma integrada por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM, y por once organizaciones ambientalistas.

Entre estas organizaciones figuran el Grupo Jaragua, el Instituto de Abogados para la Defensa del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Programa de Acción Comunitaria Para el Medio Ambiente (PACMA), el Fondo de Pro Natura, la Fundación Ecológica Macorís Verde y la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI.

También forman parte de la iniciativa Alianza ONG, la Sociedad Ecológica de Nizao, el Consorcio Ambiental Dominicano, la Fundación Maguey y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).

Igualmente el movimiento internacional Protege Nuestro Planeta, POP, por sus siglas en inglés, que preside el doctor Pachauri, está incorporado en esta plataforma, vinculándola a organizaciones internacionales, a universidades en varios continentes y a centros especializados en el estudio sobre el clima.

En el discurso central de la actividad que pronunciara el profesor Hidalgo, éste explicó que el programa La Escuela Dominicana Responde al Cambio Climático, posee como finalidad contribuir desde la educación a crear una sociedad más resiliente y más adaptada al cambio climático y hacer que las escuelas enfrenten, junto con las comunidades, la vulnerabilidad climática de la zona donde están ubicadas.

Indicó que el programa se propone relacionar los contenidos de las asignaturas con el cambio climático e impartirlos de forma activa y en relación al entorno de los centros educativos.

Señaló que el programa tendrá tres años de duración, iniciándose en enero próximo, en las veinticinco municipalidades más vulnerables ante el cambio climático.

Citó entre estas municipalidades a Pedernales, Jimaní, Haina, el Distrito Nacional, Miches, El Seybo, Puerto Plata, Zambrana de Cotuí, Bonao, Mao y Palo Verde de Casañuelas.

Manifestó que un importante componente de este programa será el diplomado para docentes sobre cambio climático que tendrá cinco ediciones en el transcurso de la ejecución del programa para abarcar trecientos docentes.

Expresó que uno de los más importantes resultados del Programa La Escuela Dominicana Responde al Cambio Climático será la constitución de una red de estudiantes y docentes con su correspondiente virtual, con capacidad para efectuar campañas y movilizar a las comunidades ante al cambio climático.

En el acto los representantes de las entidades, firmaron el convenio marco que sustentará el programa.

Tras la firma del convenio, hicieron uso de la palabra el viceministro de descentralización del Ministerio de Educación, Fran Cáceres, en representación del ministro de Educación, Andrés Navarro, el decano de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la UASD, Wilson Mejía, y el profesor Andrés de La Mercedes, director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM.

También hablaron el doctor Rajendra K. Pachuri y la presidenta del Grupo Jaragua, Yolanda León Hernández.

En el evento asistieron el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, los presidentes del gremio profesoral de las veinticinco municipalidades donde comenzará la ejecución del programa, funcionarios de las entidades públicas y representantes y dirigentes de las organizaciones ambientalistas, así como los medios de comunicación.

UASD y principales organizaciones ambientales solicitan conversión a gas natural de Punta Catalina

SANTO DOMINGO.- En el marco de la celebración de la cumbre mundial del clima, COP 23, en Bonn, Alemania, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y las principales organizaciones ambientalistas del país, les solicitaron, en declaración leída en rueda de prensa esta mañana, al Presidente de la República, Danilo Medina, al Congreso Nacional y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que conviertan a gas natural a Punta Catalina.

Mientras en Bonn, Alemania, la sociedad civil mundial, el movimiento ambientalista internacional, numerosos gobiernos locales y empresas, plantean la descontinuación del carbón para generar electricidad a partir del 2020, las entidades del país propusieron el cambio a gas natural de Punta Catalina por la Provincia Peravia, el país y el planeta.

Esta declaración conjunta se efectúa en un momento en que la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina confronta una crisis con dos de las tres empresas que conforman el consorcio a cargo de este proyecto.

Odebrecht y Techminont han hecho reclamaciones por 708 y 720 millones de dólares respectivamente para proseguir la construcción y han amenazado a la CDEEE de llevar estas demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje de Nueva York, EUA.

Las entidades declararon que la conversión a gas de Punta Catalina es factible técnica y económicamente, y se puede realizar desde ahora, dentro del calendario de esta obra.

Explicaron que los costos de esta conversión estarán compensados por el ahorro de equipos y recursos que no se invertirán en mantenimiento, en mitigar y compensar los impactos al entorno, a las actividades productivas y en la salud de la población que produciría el uso del carbón mineral en estas plantas.

Indicaron que en el territorio nacional y en la región del Caribe y Centro América existe disponibilidad de gas natural para proveer de este combustible de forma competitiva y a largo plazo a Punta Catalina.

Citaron que otras plantas de generación eléctrica existentes en el país se están convirtiendo a gas natural o planean hacerlo en el corto y mediano plazo, y se instalarán otras nuevas que emplearán este combustible.

Afirmaron que la conversión a gas de Punta Catalina evitará que más de cien mil personas en un radio de 28 kilómetros en la provincia Peravia, sean afectadas mediante la emisión anual de cien toneladas de micropartículas (2.5), de más de 200 mil toneladas de cenizas y escorias al año y toneladas diarias de gases ácidos.

Señalaron que esta contaminación será responsable de graves enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cerebrovasculares que producirán la inhabilitación y muertes prematuras en niveles elevados, especialmente en la población más vulnerable, constituyéndose en una catástrofe sanitaria en la región.

Igualmente justificaron el cambio a gas natural en los daños que producirá la quema de carbón en la producción agropecuaria, muy especialmente en las frutas como el mango, que “de inmediato perderá la privilegiada certificación de fruta silvestre que garantiza excelentes precios en el mercado internacional de exportación”. Advirtieron que la contaminación de las plantas de carbón afectará también el desarrollo turístico de la zona, en particular del proyecto de Corbanito.

Resaltaron que a causa del incremento en más de un 20% de las emisiones totales de dióxido de carbono del país que producirán las plantas de carbón de Punta Catalina, será imposible que República Dominicana cumpla con el compromiso de reducir en un 25% sus emisiones de C02 para el año 2030.

Ofrecieron el dato de que las plantas de Punta Catalina arrojarán por ellas solas a la atmósfera cada año 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono.

“Está en riesgo nuestra supervivencia como pequeño Estado insular y como integrantes de la Humanidad. Debemos contribuir a que se alcance la meta de Acuerdo de París sobre Cambio Climático de que el incremento de la temperatura del planeta no rebase los dos grados, preferiblemente los 1.5 grados para finales del siglo”, razonaron las entidades.

Dijeron que el incremento de las emisiones de dióxido de carbono propiciará que fenómenos climáticos impacten aún más a nuestro territorio, “siendo uno de los países más vulnerables del planeta, lo que significa un alto porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB), dedicado a remediar los daños recibidos por esta causa”.

Observaron que el alto porcentaje de electricidad que se generará con carbón, obstruirá la incorporación masiva y significativa de energía de fuentes renovables por 20 ó más años, “frustrando nuestro desarrollo sostenible y que nos convirtamos en una potencia solar”.

En la rueda de prensa, el profesor Luís Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD y la bióloga Yvonne Arias, directora ejecutiva del Grupo Jaragua, fueron los voceros de las entidades.

La declaración está suscrita, además de estas instituciones, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos-RD, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, el Consorcio Ambiental Dominicano, PRONATURA y la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI.

También firman esta declaración el Instituto Nacional de Abogados por la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, Justicia Climática, la Fundación Macorís Verde, el Comité de Organizaciones por la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia, el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, IDEAC, PACMA, la Sociedad Ecológica de Nizao, entre otras organizaciones

Exigen que CDEEE explique reclamo de Technimont por 720 millones de dólares

SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, exigió hoy que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, explique al país todo lo relativo al reclamo de Technimont por US$720 millones en un proceso de arbitraje internacional interpuesto por esa empresa en contra de la corporación estatal, en la ciudad de Nueva York.

El martes pasado, el periódico El Nacional, bajo el título Catalina pone gobierno en apuros, informó que los principales ejecutivos de la CDEEE se encontraban en Nueva York contactando oficinas de abogados para que asumieran su defensa en el proceso de arbitraje abierto por Technimont.

El colectivo planteó que la CDEEE debe aclarar si los US$720 millones que está reclamando la empresa italiana Marie Technimont es adicional a los US$708 millones que Odebrecht está exigiendo en pago de sobre costos que alegadamente ha incurrido en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.

“Si es así, la construcción de Punta Catalina le costaría al pueblo dominicano US$1,428 millones más, lo que quiere decir que tendría un costo final de por lo menos de US$3,373 millones, y eso sin incluir otros costos como sería la compra de los terrenos donde está siendo edificada”, observó.

Señaló que Punta Catalina sería la termoeléctrica a carbón más cara del mundo, en contraste con lo que cuesta una planta semejante a gas natural con una generación de 800 MW, con 60 MW más, que es de alrededor de US$400 millones, con la mitad de las emisiones de dióxido de carbono y sin la contaminación inherente y exclusiva de la combustión del carbón mineral.

La entidad manifestó que según sus fuentes, la demanda de Technimont está relacionada con el daño que sufriera en septiembre el generador de la primera unidad de Punta Catalina y con los compromisos de pago de los demás equipos eléctricos que la CDEEE no ha podido cumplir a causa del cese del desembolso del financiamiento del pool de bancos europeos, a raíz del escándalo de la corrupción de Odebrecht en diciembre pasado.

Recordó que el primer desembolso de estos bancos se le entregó directamente a los suplidores de estos equipos en los EUA, sin que pasara por las manos de la CDEEE, y el restante, alrededor de US$85 millones, se destinó a pagar a la aseguradora italiana SACE.

Dijo que a raíz de su denuncia de que una de las bovinas del rotor del generador de la primera unidad fuera dañado cuando se intentaba, de forma precipitada, montar una prueba de encendido para el domingo 15 de octubre con la presencia del Presidente de la República, el relacionador público de la CDEEE, Wilfredo Alemany le restó importancia al incidente y aseguró que la General Electric cubriría los costos de la reparación de este equipo.

Emplazó a que los ejecutivos de la CDEEE aclaren a la opinión pública si la reclamación de Technimont obedece a su negativa de hacerse responsable del daño del generador ante el rechazo de la General Electric de aplicar la garantía de fábrica a este equipo, y si este reclamo responde también a las presiones de los fabricantes de los equipos eléctricos para que se les pague lo adeudado.

Afirmó que la CDEEE debe cambiar el comportamiento de negar los hechos, ocultar informaciones o simplemente guardar silencio. “Esta demanda de Technimont es muy grave para que la gerencia de la CDEEE la soslaye o trate de confundir a la opinión pública para que no se percate de su importancia”, agregó.

Explicó que una consecuencia inmediata del proceso de arbitraje internacional abierto por Techimont es la paralización de la obra, lo que supondrá la suspensión de alrededor de 6 mil trabajadores que actualmente laboran en Punta Catalina.

“Para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina se deben montar los equipos eléctricos y los directamente relacionados con la generación de la electricidad, como son las calderas, los generadores y las turbinas, y sin Technimont, que es la empresa responsable de esta tarea dentro del consorcio que encabeza Odebrecht, esto sería totalmente imposible sin romper el contrato existente”, aclaró.

Consideró que la opinión pública nacional tiene derecho a que la CDEEE y el gobierno le expliquen con detalles, con toda claridad y sin omisiones de ningún tipo, en qué consisten los reclamos de Odebrecht y de Technimont, publique los textos de estas demandas y diga qué hará ante ellas.

Expresó que la actual situación que confronta Punta Catalina es muy grave, al punto de que este proyecto corre el riesgo de quedar como una inversión a fondos perdidos, habiendo hecho el país una gigantesca inversión, finalmente nunca se concluya esta obra.

Trabajadores paralizarán Punta Catalina con apoyo de Marcha Verde y de las comunidades aledañas

Santo Domingo.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, informó que la asamblea celebrada en la mañana de hoy, en el poblado de Catalina, por trabajadores de Punta Catalina, el movimiento de la Marcha Verde de la provincia Peravia y por las comunidades aledañas, decidió organizar un paro indefinido de la construcción de la termoeléctrica.

El colectivo dijo que el sindicato de Punta Catalina paralizará próximamente las labores, contando con el respaldo del movimiento Marcha Verde y de las comunidades aledañas, en reclamo de la reposición de los trabajadores cancelados, para que se detengan los despidos y para que la empresa no continúe contratando brasileños en lugar de trabajadores dominicanos.

También la paralización de los trabajadores y el movimiento de protesta en las comunidades exigirá la salida de Odebrecht de Punta Catalina y del país, y la conversión de las plantas de carbón a gas natural.

Explicó que este paro de Punta Catalina será legal, pacífico y en orden, cumpliendo todos los requisitos de la ley.

El secretario general del sindicato, Denny Guance denunció ante la asamblea de hoy, que sólo en la última semana Odebrecht contrató a doscientos siete brasileños, “hecho que los directivos de la empresa admitieron delante de las autoridades del Ministerio de Trabajo, el viernes pasado”, aseguró.

“Mientras Odebrecht despide masivamente a trabajadores dominicanos, está incorporando a brasileños en los puestos de los despedidos”, manifestó el dirigente sindical.

La asamblea decidió constituir el comité de apoyo a los trabajadores de Punta Catalina con representantes de las organizaciones sociales y comunitarias y con los dirigentes de la Marcha Verde de la provincia Peravia, comunicó el CNLCC.

El delegado de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Héctor Puello juramentó a los miembros del comité de apoyo a los trabajadores de Punta Catalina electos en la asamblea.

Agregó que en los próximos días se efectuarán asambleas en cada una de las comunidades cercanas a Punta Catalina para organizar el apoyo al paro que realizarán los trabajadores.

También la asamblea de esta mañana, decidió que comisiones de trabajadores de Punta Catalina, acompañados de dirigentes de las organizaciones sociales de la provincia, visiten a las centrales obreras, a los principales sindicatos y entidades de la sociedad civil del país, y a los medios de comunicación para exponerles los abusos que está cometiendo Odebrecht contra los trabajadores.

El dirigente del sindicato Eligio Vallejo llamó a crear una gran unidad de todos los sectores para enfrentar a Odebrecht. “Los trabajadores de Punta Catalina se están enfrentando a un enemigo muy poderoso y sin escrúpulos, por lo que necesitamos el apoyo y la coordinación de todo el país”, afirmó.

El dirigente de Marcha Verde de la provincia Peravia, Héctor Turbí expresó a la asamblea que la lucha de los trabajadores de Punta Catalina es prioritaria, “porque Punta Catalina es el cuerpo del delito de la corrupción de Odebrecht y del gobierno”.

Planteó que el apoyo a los trabajadores de Punta Catalina será asumido por toda la Marcha Verde a nivel nacional y en las comunidades dominicanas residentes en el extranjero.

Discutirán no uso de carbón, y mantener bajo tierra la mayor parte de las reservas de hidrocarburos

Santo Domingo.- La segunda sesión del Diálogo Climático en el marco de la COP 23, discutirá proponer a la Cumbre Mundial del Clima, COP 23 que se celebrará en el próximo mes de noviembre, en Bonn, Alemania, la prohibición del uso del carbón mineral para generar electricidad antes del 2020 y que a partir del 2030 se mantengan bajo tierra el 80% de las reservas de hidrocarburos del planeta.

Organizaciones de la sociedad civil y del movimiento ambientalista de todo el continente debatirán estas medidas, mañana, viernes, 27 de octubre, a partir de las 4 p.m., a través de una red de videoconferencias.

El público dominicano podrá participar de estas discusiones asistiendo a la Sala B de la 4ta. Planta de la Bibliotca Pedro Mir de la UASD, en Santo Domingo, o en la Sala de Videoconferencia de la Biblioteca Central de la UCE, en San Pedro de Macorís.

El panel de expositores de esta segunda sesión del Diálogo Climático estará constituido por Mario Zúniga del Observatorio Petrolero de Amazonía Norte del Perú, Martín Vilela de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Enrique de León de República Dominicana y Martín Maliqueo de la comunidad Mapuche de la Provincia de Neuquén de Argentina.

Respectivamente, abordarán, los dos primeros expositores la extracción petrolera en sus países, y los demás, el uso del carbón en las plantas de Punta Catalina, en la provincia Peravia de la República Dominicana, y la lucha en Argentina contra la extracción de gas natural empleando la técnica del frackling.

Las palabras de bienvenida y la moderación de la sesión, estarán a cargo de Antonio Zambrano de la Campaña Energías Limpias Ya!, y las conclusiones, de Romina Rivera Bravo del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático.

La exposición de Enrique de León sobre las plantas de carbón de Punta Catalina, se ofrecerá en la Biblioteca Pedro Mir, de la UASD, desde donde se transmitirá a todo el continente.

El III Diálogo Climático está siendo propiciado a nivel internacional por el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC), Foro Social Panamazónico, 350 América Latina, Movimiento Católico Global Por el Clima, Reclaim Power y Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

En la República Dominicana, convocan a participar de este evento Justicia Climático, la Fundación Ecológica Macorís Verde y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climatico, CNLCC.

El martes pasado, se inició el III Diálogo Climático en el Marco de la COP 23, con el tema el impacto del cambio climático en Latino América, con la presencia de un nutrido público, principalmente jóvenes y dirigentes de las organizaciones ambientalistas, en la Biblioteca Pedro Mir.

Dialogo continental comprueba que recientes desastres del cambio climático aumentan la pobreza en América latina

SANTO DOMINGO.- Expositores desde La Paz, Bolivia, Trujillo, Perú, y Santo Domingo, República Dominicana, a través de una red de video conferencia en todo el continente, aseguraron que los recientes desastres productos del cambio climático aumentan dramáticamente la pobreza en América Latina.

En la tarde del martes, 24 de octubre, el público dominicano pudo participar de la primera sesión del III Diálogo Climático, desde la Sala B, de la 4ta. Planta de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y desde la Sala de Videoconferencia de la Biblioteca Central de la Universidad Central del Este, UCE, en el campus principal de esta universidad, en San Pedro de Macorís.

Desde La Paz, Bolivia, Martín Vilela de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, abordó el deshielo de los glaciares en Bolivia y desde Trujillo, Perú, César Figueroa de Gestión de Riesgos de Desastres, GRIDES, expuso sobre el fenómeno del Niño Costero en el norte peruano.

Desde la Biblioteca Pedro Mir, de la UASD, de Santo Domingo, República Dominicana, Domingo Acevedo de Justicia Climática, presentó los impactos causados en este año por los huracanes en la región del Caribe.

Las palabras de bienvenida al evento estuvieron a cargo de Ricardo Jiménez del Foro Social Panamazónico, los comentarios sobre las exposiciones, por Eduardo Agosta Scanel, especialista en cambio climático, y las conclusiones por Lorena del Carpio de la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur, Programa Andino.

El público formuló sus preguntas a los expositores y recibió las respuestas a las mismas en tiempo real, desde cada país donde estén participando en el III Diálogo Climático,

El III Diálogo Climático se realiza con la finalidad de unificar criterios y posiciones de la sociedad civil y del movimiento ambientalista latinoamericano sobre el cambio climático para ser llevados de forma conjunta, a la Cumbre Mundial sobre el Clima, COP 23, que se celebrará en noviembre próximo, en Bonn, Alemania.

Las otras sesiones del III Diálogo Climático continental se efectuarán el viernes 27 y el lunes 30 de octubre, en el mismo horario de 4 a 5:30 p.m., y en los mismos recintos de la UASD, en Santo Domingo, y de la UCE, en San Pedro de Macorís.

Las entidades que en el país auspician el evento, invitan especialmente a los dirigentes y militantes de las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento ambientalista a participar de estas sesiones del III Diálogo Climático como preparación a asistir a la COP 23.

Invitan a participar en el III Dialogo Climático del continente que se realizara a través de videoconferencia

Santo Domingo.- Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC. Anunció que durante los días 24, 27 y 30 de este mes de octubre, se celebrará el III Diálogo Climático en el Marco de la COP 23 en todo el continente, con la participación de reconocidos expositores de siete países.

Durante esos días todo el continente quedará enlazado por un sistema de video conferencia, a través del cual expositores y público en general de toda América Latina podrá participar en este evento.

La organización invitó al público dominicano a participar en este Diálogo Climático continental, asistiendo a las salas de video conferencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, en la ciudad de Santo Domingo, D.N., y de la Universidad Central del Este, UCE, en San Pedro de Macorís, en horario de 4 a 5:30 de la tarde del 24, 27 y 30 de este mes.

Explicó que la sala de video conferencias de la UASD está en la 4ta. Planta de la Biblioteca Pedro Mir, y la de la UCE, en el primer piso de la Biblioteca Central del campus principal de esta universidad en San Pedro de Macorís.

El evento está siendo convocado a nivel del continente por el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC), Foro Social Panamazónico, 350 América Latina, Movimiento Católico Global Por el Clima, Reclaim Power y Plataforma Bolivariana Frente al Cambio Climático.

A nivel del país las organizaciones convocantes son Justicia Climática, la Fundación Ecológica Macorís Verde y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

Señaló que el III Diálogo Climático se realizará como preparación a la celebración de la Cumbre Mundial sobre el Clima, COP 23, en Bonn, Alemania, durante el próximo mes de noviembre.

“Las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento ambientalista de América Latina tienen que preparar una estrategia conjunta para lograr revertir el cambio climático y defenderla en Bonn, durante la COP 23”, afirmó.

Indicó que los pueblos de Latino América están enfrentados a la política imperialista y pro-fósil de Donald Trump, a retrocesos locales hacia fuentes de energías contaminantes y gran emisoras de dióxido de carbono, y a los recientes desastres de los fenómenos causados por el cambio climático en distintos lugares del continente.

Informó que en la sesión del 24 de octubre, el evento discutirá el impacto del cambio climático en Latino América, el 27 sobre el avance extractivo como fuente de energías sucias que son un retroceso frente al pacto climático en Latino América, y el 30, sobre la COP 23 y la crisis climática, reflexiones y perspectivas desde el movimiento climático de Latino América.

Manifestó que en los paneles de las diferentes sesiones participarán reconocidos expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Del país expondrán Domingo Acevedo, Tito Olivo y Enrique de León. El público presente en las videos conferencias podrá formular sus preguntas e inquietudes a los expositores.

Personalidades y organizaciones sindicales de cuatro países del continente apoyan a los trabajadores de punta catalina

SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, informó que personalidades políticas, académicas, de defensa de los derechos humanos y sindicales, así como organizaciones gremiales de Argentina, México, EUA y Uruguay han dirigido mensajes al Presidente de la República, Danilo Medina, manifestando su apoyo a los trabajadores de Punta Catalina.

En respuesta a una alerta lanzada a nivel mundial por el colectivo sobre la situación de despidos y de represión que padecen los trabajadores que construyen las plantas de carbón de Punta Catalina, numerosos mensajes de solidaridad con esos trabajadores han sido enviados en las últimas semanas al Presidente de la República, con copia al primer vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y al gerente general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.

Desde hace varias semanas los trabajadores de la construcción de las plantas de Punta Catalina se mantienen en lucha por la reposición de treinta compañeros que fueron despedidos y en reclamo de un pliego de condiciones laborales.

Durante varios días los trabajadores pararon las labores y ocuparon las instalaciones para que no continuaran los despidos y fueran reintegrados los cancelados. Posteriormente, se reincorporaron a sus puestos después que se iniciara un proceso de negociación en el Ministerio de Trabajo que obtuvo la reposición de cinco trabajadores.

Las personalidades y organizaciones de estos países exigen en los mensajes remitidos que la CDEEE y el Gobierno dominicano reincorporen a los trabajadores cancelados, el cese inmediato de los despidos, la expulsión de Odebrecht de la República Dominicana y la conversión a gas natural de las plantas de Punta Catalina.

Entre los firmantes de los mensajes remitidos a las direcciones electrónicas de la Presidencia de la República y de los funcionarios de la CDEEE, figuran las legisladoras argentinas Laura Marrone y Mónica Scholotthauer por la Izquierda Socialista, Ricardo Valduza de la dirección nacional de Opinión Socialista, Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina (APDH), y el historiador Leonidas Noni Ceruti de Rosario, Argentina.

También se han solidarizado con los trabajadores de Punta Catalina el Partido Obrero Socialista de México, Freedom Socialits Party de EUA, Refundación Comunista de Uruguay y el Comité por la Reagrupación Internacional Revolucionaria, CRIR, con sede en Buenos Aires, Argentina.

Numerosos dirigentes y seccionales de la Central de Trabajadores Argentina, CTA, igualmente han dirigido mensajes de apoyo a los obreros de Punta Catalina, como Gustavo Martínez, secretario general de la CTA en la autónoma STAFE, Carlos Ghioldi, secretario gremial de la CTA y presidente de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha La Toma, de Rosario, Giselle Santana, secretaria general de la Regional Norte de CTA y secretaria general de la junta interna de ATE INTI.

Además diversas organizaciones gremiales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tigre, Corrientes y de Santa Fe, de la República de Argentina, se han unido a la campaña de envío de mensajes.

El CNLCC anunció que continuará llegando al despacho del Presidente Medina más mensajes de todas partes del mundo en defensa de los trabajadores de Punta Catalina.

“Tanto nosotros como el movimiento progresista y de los trabajadores del mundo estamos conscientes de que los obreros de Punta Catalina están amenazados en sus puestos de trabajo por la empresa delincuente Odebrecht”, aclaró.

Consideró que si el Gobierno dominicano no expulsa a Odebrecht del país bajo el amparo de la Ley de Contrataciones Públicas, la empresa brasileña continuará exigiendo más dinero y si las autoridades no le satisfacen su demanda, finalmente paralizará la construcción de las plantas de Punta Catalina, despidiendo un gran cantidad de trabajadores.

“Ha llegado el momento de poner fin a la presencia de Odebrecht en Punta Catalina y en el país, porque de lo contrario, o el gobierno complace a esta empresa delincuente pagándole 708 millones de dólares más o se abrirá un proceso de arbitraje internacional que afectará tanto al país como a los trabajadores”, explicó.

Señaló que en este momento coincide plenamente la lucha del pueblo contra la mega corrupción de Odebrecht en Punta Catalina, con la defensa de los derechos de los trabajadores que construyen estas plantas y el reclamo de que el carbón sea sustituido por gas natural para reducir las emisiones de dióxido de carbono y la contaminación del carbón mineral.

TC ignoro principio de prevención del derecho ambiental que emitió rechazando amparo en contra de punta catalina

Santo Domingo.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) aseguraron que el Tribunal Constitucional ignoró el principio de prevención del derecho ambiental en la sentencia que emitió confirmando el fallo del Tribunal Superior Administrativo que rechazó el amparo preventivo ambiental en contra de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Explicaron que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0400/17, emitida el 28 de julio pasado pero comunicada íntegramente la semana pasada, rechazó en cuanto al fondo el recurso constitucional en contra de la sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo del 18 de octubre del año pasado, en la que este tribunal rechazó el amparo preventivo ambiental que las entidades incoaron en contra de Punta Catalina.

Las organizaciones señalaron que para el Tribunal Constitucional no existe el artículo 8 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 que establece que “el criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recurso naturales”.

Este artículo especifica que “no podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución”, añadieron.

Indicaron que cuando el Tribunal Constitucional cita el carácter sumario del proceso de amparo para descartarlo como vía idónea para determinar si procedía o no paralizar la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, pasa por alto que por el principio de prevención o de precaución, al juez de amparo le bastaba para tomar una decisión, la posibilidad cierta de que esta obra fuese una amenaza al derecho fundamental a la salud y a un medio ambiente sano para las personas que residen próximas a estas plantas.

“Con los elementos que nuestra solicitud de amparo aportó al Tribunal Superior Administrativo, eran más que suficientes para que tuviera la certeza, aunque no fuese absoluta, de los daños que causará el uso del carbón mineral en las plantas de Punta Catalina”, alegaron.

Dijeron que los daños de la combustión del carbón a la salud y al medio ambiente son ampliamente conocidos y que a causa de estos daños se están cerrando plantas con este combustible en muchos lugares del mundo, como son EUA, Europa, China e India.

Recordaron que existe en el país el precedente del rockcash, de las cenizas de carbón traídas ilegalmente desde Puerto Rico en el año 2004 y depositadas en Arroyo Barril, provincia de Samaná, y en Manzanillo, provincia de Montecristi.

Por los daños que estas cenizas causaron en ambas comunidades, el Estado dominicano recibió en el año 2007, seis millones de dólares de la empresa dueña de éstas para recogerlas y destruirlas, el funcionario del Ministerio de Medio Ambiente que autorizó su depósito fue condenado a multa y prisión, y en abril del año pasado el Estado tuvo que pagar a su vez, 37 millones de dólares para compensar a personas lesionadas por estas cenizas en Arroyo Barril, como resultado del acuerdo que concertara con la empresa que las importó.

Manifestaron que alimentaron al Tribunal Superior Administrativo con estudios realizados especialmente para el caso por entidades de reconocida solvencia científica y académica como son la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW) con sede en Oregón, y el Centro Internacional de Defensa del Derecho Ambiental (EDLC), de Washington, EUA.

Calificaron de sumamente grave que el Tribunal Constitucional con esta sentencia esté creando una jurisprudencia que ignore el criterio o principio de prevención o precaución en materia ambiental, porque en el futuro no podrá emitirse ningún amparo sobre el medio ambiente, limitando la tutela de los derechos ambientales consignados en la Constitución a procesos contenciosos administrativos y a otros medios ordinarios.

“Con esta sentencia se está excluyendo del procedimiento constitucional de amparo la defensa de los derechos relacionados con el medio ambiente, lo que constituye una aberración”, adujeron.

Plantearon que esta sentencia es totalmente contraria a la Constitución de la República y de la Ley No.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, porque está cerrándole a los derechos ambientales el acceso al amparo, a la vez que restringe la amplitud de esta vía constitucional.

“Si en cada amparo preventivo ambiental, la determinación del juez se hace depender de la realización de un estudio que choca con el carácter sumario del procedimiento del amparo, estos serán declarados inadmisibles y referidos a otros medios supuestamente más idóneos”, observó.

Las organizaciones anunciaron que enviarán copia de esta sentencia del Tribunal Constitucional a todas las entidades de derecho ambiental del mundo para que la comenten y la coloquen como ejemplo antológico de denegación de justicia y de protección a una población de más de cien mil personas que sufrirán enfermedades y muertes prematuras por la contaminación de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Organizaciones ambientalistas celebran ratificación acuerdo de Paris sobre cambio climático

Santo Domingo.- Veintitrés organizaciones ambientalistas celebraron esta tarde de que por fin el país haya comunicado a las Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Las organizaciones informaron que en el día de hoy, el Canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado comunicó a las Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo de París.

En el día de hoy, el Secretariado del Cambio Climático registró a la República Dominicana y a Cabo Verde como países que ratificaron en esta fecha el Acuerdo de París, convirtiéndose en País Parte 165 y 166, respectivamente.

Indicaron que el Congreso Nacional aprobó la ratificación de este acuerdo el 29 de marzo pasado a unanimidad y en una sola lectura.

“El gobierno necesitó más de cinco meses y la amenaza de tres huracanes para comunicar la ratificación de este acuerdo en un hecho insólito de desidia burocrática”, comentaron.

Las organizaciones se felicitan por este hecho y al pueblo dominicano que acompañó y respaldó la campaña que realizaron por más de un año a favor de que el país ratificara este acuerdo.

Recordaron que la semana pasada improvisaron una rueda de prensa ante la Cancillería y en la ocasión entregaron una tercera carta dirigida a Vargas Maldonado, exigiéndole que comunicara de inmediato a la ONU la ratificación del acuerdo.

Señalaron que el nuevo desafío es velar por el cumplimiento de este acuerdo que establece que la República Dominicana reducirá sus emisiones totales de dióxido de carbono en un 25% al año 2030.

“De la misma manera que hemos sido tenaces en reclamar la ratificación del Acuerdo de París, lo seremos para que el país baje sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que depende de la descarbonización de la generación eléctrica y de la economía nacional”, explicaron.

Entre las organizaciones que desarrollaron la campaña a favor del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, están Alianza ONG, el Grupo Jaragua, PRONATURA, Fundación Ecológica Macorís Verde, el Consorcio Medio Ambiental Y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).

También participaron en esta campaña el Comité Nacional de Cambio Climático (CNLCC), Justicia Climática, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), la Sociedad Ecológica de Nizao y Guakia Ambiente, entre otras.

Exigen que canciller comunique a ONU ratificación acuerdo de Paris sobre cambio climático

SANTO DOMINGO.- Más de veinte organizaciones ambientalistas del país exigieron esta mañana, en rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el Canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado comunique de inmediato a las Naciones la ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Las organizaciones se quejaron que a cinco meses de que el Congreso Nacional ratificara a unanimidad el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el 29 de marzo de este año, todavía el gobierno no haya comunicado al Secretariado de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas esta decisión, requisito imprescindible para que entre en vigor.

Las organizaciones acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar una carta al Canciller, Miguel Vargas Maldonado, en la cual expresan esta exigencia y desde allí compartir el texto de la misiva con los medios de comunicación.

Dijeron que esta es la tercera comunicación que remiten al Canciller Vargas Maldonado, solicitándole información sobre el nivel en que se encuentra el trámite de comunicación de la ratificación de este acuerdo y urgiéndole a que se realice.

Explicaron que hace varios meses acudieron a la oficina de libre acceso de información pública de Relaciones Exteriores para de manera formal solicitar información sobre el trámite de comunicación del acuerdo a las Naciones Unidas y el 13 de julio, volvieron a depositar otra carta en la que también le pedían a Vargas Maldonado que les concediera una entrevista para tratar sobre este tema, sin recibir en ningún caso respuesta.

Indicaron que el gobierno y específicamente la Cancillería de la República, no puede seguir ignorando la ratificación de este acuerdo y dilatando su comunicación, porque es ya una ley, por lo que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de acatarla y de haber tramitado de inmediato esta ratificación a la ONU.

Afirmaron que conforme al artículo 26 de la Constitución de la República y los artículo 56, 57 y 58 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimiento Constitucionales, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está compelido a comunicar la ratificación de este acuerdo. De lo contrario sería una flagrante vulneración de la institucionalidad del Estado dominicano.

La vocera de las organizaciones, Yvonne Arias, señaló que el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que ha sido ratificado por 160 Estados, prevé políticas, medidas y acciones para los países de mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático como es el caso de la República Dominicana.

“La República Dominicana por ser un Estado insular situado en el trópico, es, junto a Haití con quien compartimos la isla de La Española, uno de los países más vulnerables del planeta”, agregó Arias.

Manifestó que es inexplicable que tras cinco meses de haberse aprobado la ratificación de este acuerdo en el Congreso Nacional y que fuera a su vez firmado por el propio Presidente de la República, Danilo Medina, el 21 de abril del 2016, en la Conferencia General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, aún no se haya comunicado su ratificación, ni se haya explicado las razones de esta demora.

Declaró que las organizaciones continuarán abogando y vigilando en el ámbito nacional e internacional, por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia climática.

Entre las organizaciones firmantes de la carta y participantes de la rueda de prensa, están la Alianza ONG, el Grupo Jaragua, la Fundación Ecológica Macorís Verde, el Consorcio Ambiental Dominicano, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y la Sociedad Ecológica de Nizao.

También suscribieron la carta, PRONATURA, el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Justicia Climática, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Guakia Ambiente, la Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicas Autorizadas (ADEAPA), Acción Comunitaria Para el Medio Ambiente (PCMA), el Comité de Organizaciones por la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia, entre otras.

Exigen a Jiménez Bichara que explique las inundaciones recurrentes en la construcción de las plantas de Punta Catalina

SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, demandó que el primer vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara explique las causas de que la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina estén inundadas desde hace varios días.

Calificó de sumamente grave esta inundación, porque de ocurrir cuando estas plantas estén operando se produciría una catástrofe ambiental y probablemente se dañarían los equipos de esta termoeléctrica que no se fabrican para que funcionen bajo agua.

“Si el agua alcanzara los depósitos de carbón, de cenizas y escorias, contaminaría el suelo y el agua superficial y subterránea de la zona con metales pesados y con sustancias tóxicas contenidas en estos materiales, causando un daño irreversible”, explicó.

Informó que durante los últimos tres días las instalaciones de Punta Catalina están anegas de agua, tanto las oficinas como toda la zona de la construcción, después de varios días de lluvias y de fuertes marejadas provocadas por el paso del huracán Irma por el norte del país.

Señaló que durante el fin de semana circularon fotos y videos de esta inundación en las redes sociales y varios miembros del Comité residentes en Nizao se apersonaron a la entrada de la obra y no pudieron pasar por el lodazal y la gran cantidad de agua acumulada en el parqueo y en todo el área de la construcción.

“Punta Catalina es un lago en el cual se puede navegar. A pesar de que los empleados llegaron ayer, muy pocos pudieron entrar a las instalaciones y reportarse en sus puestos de trabajo”, describió.

Afirmó que esta es la segunda vez en este año que se ha inundado la construcción de Punta Catalina, la primera vez ocurrió el 29 de abril, a raíz de las fuertes lluvias en la zona y el desbordamiento del arroyo Catalina que corre en las cercanía de la obra.

Manifestó que Jiménez Bichara y los ingenieros a cargo de la obra deben aclarar esta situación, porque esta inundación está confirmando que la ubicación de estas plantas es errónea y que ha habido un mal diseño en su construcción.

“Desde el punto de vista de la ingeniería lo que está pasando en Punta Catalina es una gran chapucería inaceptable para una inversión de alrededor de dos mil millones de dólares”.

Indicó que desde hace tres años el colectivo advirtió que el lugar era el menos indicado para instalar plantas de carbón y un puerto, basado en los mismos estudios de impacto ambiental que la CDEEE depositó en el Ministerio de Medio Ambiente.

Explicó que en Punta Catalina existe una fuerte rompiente de mar y está ubicada en el trayecto históricamente más frecuente de los huracanes por el Caribe, y en este lugar pasa una de las fallas sísmicas más importante de la isla, por lo que el sitio está bajo riesgo sísmico.

Advirtió que sería una irresponsabilidad de las autoridades continuar con la construcción de estas plantas en este lugar, en el cual no ha sido posible hasta la fecha evitar inundaciones aún sin que un huracán lo azote de forma directa.

“Habría que imaginar qué pasaría con estas plantas si un David o una Irma les pasara por encima, lo que no se puede descartar que ocurra en los próximos años”, comentó.

Consideró que estas inundaciones han revelado la fragilidad de una obra de la que en el futuro dependerá el 40% del total del suministro de la electricidad del país. “Esto debería producir serias alarmas por lo que implica para la seguridad energética del país”, puntualizó.

Exigió que los directivos de la CDEEE le ofrezcan de inmediato al país una explicación clara de esta situación y que no sigan ocultándola o ignorándola como lo hicieron con la inundación del 29 de abril y que hasta ahora han hecho ante la presente inundación.

Expulsión inmediata de Obdebrecht del país y nueva licitación de Punta Catalina en base a gas natural

Respuesta a la exigencia del consorcio de Odebrecht de 700 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina con dos años de retraso

Santo Domingo.- La única opción que el gobierno dispone ante Odebrecht después que ésta confesara en diciembre pasado que sobornó con 92 millones de dólares a funcionarios públicos en la República Dominicana, entre los años 2001 y 2014, es la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

Esta ley en sus artículos 11,14,36,65 y 66 dispone la rescisión de los contratos de las empresas que cometan actos de corrupción o estén relacionadas con los mismos, y la inhabilitación de por vida de su condición de contratistas u oferentes del Estado dominicano, “sin responsabilidad para la entidad contratante” (Artículo 66.4).

Si Odebrecht ha tenido la osadía de exigirle al gobierno de Danilo Medina 700 millones de dólares adicionales para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina con un retraso de dos años, es porque es rehén de esta trasnacional y víctima de su propia corrupción partícipe y cómplice de la de esta empresa que convirtió al país en centro internacional de lavado de activos y en un burdel para funcionarios nacionales y extranjeros.

Es imposible creer en la negativa del gobierno a acceder a la exigencia de Odebrecht y no pensar que esta negativa no pasará de ser un débil regateo para consumo publicitario de un inevitable pago que saldrá de las costillas del pueblo.

El gobierno, en vez de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, concertó un acuerdo homologado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, con el propósito de protegerla de la persecución penal de su crimen de corrupción, mantuvo los contratos de esta empresa, especialmente el de Punta Catalina, y ha continuado entregándole millones de dólares para esta obra, como si no hubiese pasado nada.

Danilo Medina prefirió perder alrededor de 300 millones de dólares pendientes de desembolso del préstamo del pool de bancos europeos y emitir 500 millones de bonos soberanos, antes de abandonar sus relaciones con Odebrecht, cuya práctica corrupta en el proyecto de Punta Catalina es la causa de la decisión de estas entidades bancarias.

La historia de complicidad con Odebrecht en Punta Catalina arrancó con una licitación amañada para favorecerla y con el envío al Congreso Nacional de un contrato que violaba los términos de referencia de esta licitación, al diluir la condición de llave en mano de este contrato, al incorporarle una cláusula de escalamiento de costo, la número 9.1. y al consignar la exención de todo tipo de impuestos mediante la cláusula 12.1.3.

Este maridaje entre el gobierno y Odebrecht continuó cuando esta empresa no pudo cumplir con el financiamiento comprometido contractualmente por culpa de su conducta corrupta.

Danilo Medina y su gobierno, en lugar de denunciar y romper el contrato por incumplimiento, cubrieron la ausencia del financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), con recursos internos del país.

No les importó violar la Constitución de la República y la Ley de Presupuesto Nacional para destinar gran parte del ahorro de la factura petrolera para la construcción de Punta Catalina y colocar en grave peligro la estabilidad del Banco de Reservas con préstamos que no cumplieron ningún requisito de ley, con la finalidad de saldar compromisos con contratistas y suplidores locales de esta obra.

Si los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos se salvaron de este ataque depredador para agenciar recursos para ser invertidos en Punta Catalina, se debió a la oposición de los bancos europeos, especialmente de la asamblea de accionistas del banco francés Société Genérale, que amenazaron con retirar su financiamiento en caso de que el gobierno colocara 600 millones de dólares de estos fondos en este proyecto. En Europa está prohibido que fondos de pensiones sean utilizados en la construcción de plantas de carbón y en otras inversiones relacionadas con este fósil.

La exigencia de Odebrecht de más dinero, además de exponer al público de manera dramática la vulnerabilidad del gobierno ante esta empresa, ha confirmado las denuncias de que el costo final de este proyecto excedería con creces el precio del contrato y ha desmentido que la construcción de Punta Catalina esté a un nivel de un 70% de su cronograma.

Estas dos revelaciones adicionales, el sobrecosto sobre el precio del contrato y el atraso del calendario de la obra, dejan sin argumentos a los que se oponen a la realización de una auditoría independiente de este proyecto y a una nueva licitación sobre la base de gas natural.

La sobrevaluación de Punta Catalina no se limita a estos nuevos 700 millones de dólares adicionales reclamados ahora por Odebrecht. Es necesaria una auditoría que cuantifique con exactitud la sobrevaluación existente a la fecha de la construcción de Punta Catalina, para exigir su devolución y procesar a los culpables y beneficiarios de esta sobrevaluación.

Si el gobierno aplica la Ley de Contrataciones Públicas no tendría que acceder a la demanda de Odebrecht de pago de 700 millones de dólares más y podría abrir una nueva licitación en base a gas natural que concluya a Punta Catalina antes del 2020 y con un costo inferior al total estipulado por Odebrecht para estas plantas de carbón.

La gran ganancia de la conversión a gas natural de Punta Catalina es evitar la gravísima contaminación del carbón y una considerable cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, reitera una vez más la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas a Odebrecht, por lo que esta empresa debe ser expulsada de inmediato del país.

Igualmente la realización de una auditoría independiente de la sobrevaluación de Punta Catalina y la convocatoria de una nueva licitación en base a gas natural que concluya la construcción de este proyecto.

Es una demanda que formulamos a sabiendas de que la complicidad de las autoridades con la corrupción de Odebrecht impide que sea satisfecha, pero no por imposible, sino por la permanencia en el poder de un gobierno tan culpable como esta empresa de la corrupción cometida en Punta Catalina.

El Telégrafo RD

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