El Telégrafo RD

LA PROCURADURIA ESPECIALIZADA EN PERSECUSIÓN DEL DELITO FINANCIERO 

Y SU IMPORTANCIA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO FINANCIERO Y EL FRAUDE TRIBUTARIO. 

Por: Lic. César Amadeo Peralta 

En un esfuerzo conjunto entre la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Procuraduría General de Republica y la Superintendencia de Bancos de la RD, se firmó un acuerdo para crear la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, que operaria en la Sede de la Fiscalía del Distrito Nacional, y que tendrá por finalidad perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de intermediación financiera ilegal sin contar con la autorización de la Junta Monetaria. 

El auge de los delitos financieros o delitos de cuello blanco, ha tomado por sorpresa a las autoridades judiciales, monetarias y financieras, que no contaban con los múltiples fraudes que se han venido cometiendo y que podrían sobrepasar los Diez Mil Millones de Pesos y que hace urgente, de igual modo, una revisión sobre el contenido sancionador de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, a los fines de ser actualizada en materia de prevención de delitos cibernéticos que hasta hoy es suplida por la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de fecha 23 de abril de 2007, y que bien pudieran adaptarse, gran parte de sus sanciones, a un Código Monetario y Financiero actualizado. 

Si mencionáramos los montos envueltos en diversos fraudes financieros, podemos evaluar el caso de TelexFree, en cerca de Dos Mil Millones de Pesos, y que no hubo sanciones ni condenas en nuestro país, a pesar de haber estafado a cientos de familias, de igual modo, el fraude ocurrido en Banco Peravia, por unos Mil Cuatrocientos Millones de Pesos, en Empresas Belgar, por unos Quinientos Millones de Pesos, Financiera Inversia, por unos Mil Cuatrocientos Millones de Pesos, Banco Providencial, por unos Seiscientos Millones de Pesos, Inversiones, Prestamos y Descuentos (IMPREDESA), por unos Seiscientos Millones de Pesos, Morales Comercial, por unos Seiscientos Millones de Pesos, Inversiones al Día (INVERDISA), por unos Quinientos Millones de Pesos, Inversiones y Prestamos Veganos, por unos Cuatrocientos Millones de Pesos, Corporación de Crédito Rona, por unos Trescientos Millones de Pesos, MoneyFree y otras de menor tamaño que se dedicaban a la captación de recursos del público, sin estar autorizados. 

Algunas de esas empresas, en violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, emitían diferentes modalidades documentales como son Certificados de Inversión, “Contratos de Préstamos con Intereses”, Papel Comercial, Certificados de Valor, Contratos de Inversión, Contrato de Inversión Sinalagmática, Certificado de Negocios a Plazo Fijo, Inversión en Dólares, entre otros, y que no importa el nombre que le pongan, constituyen una violación al Artículo 3, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, debido a la captación ilegal, y que de igual modo ha sido una práctica de algunas empresas dedicas a la construcción, la emisión de títulos de valor, bonos de inversión, “préstamos para la construcción”. 

Esto hace necesario que la Procuraduría General de la República pueda crear una Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y del Fraude Tributario, debido a la inmensa cantidad de recursos que en franca violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, manejan muchas entidades, unas reguladas, otras no, y que en definitiva, afectan el patrimonio de cientos de familias, unos que confiando en el sistema, depositaron los ahorros de toda su vida, y otros llevados por falsas promesas de jugosas ganancias y de elevados intereses que otras instituciones bancarias no le ofrecen, así como la alta tasa de defraudaciones fiscales llevadas a cabo en perjuicio del Estado Dominicano, y no solamente a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), o la Dirección General de Aduanas (DGA), si no en contra de innumerables instituciones estatales. 

De igual modo, la Ley No. 249-17 sobre Mercado de Valores, de fecha 21 de diciembre de 2017, constantemente es vulnerada sin consecuencias jurídicas y más aún, cuando se expande el mercado del fideicomiso, el cual ha demostrado ser vulnerable y del cual no se conocen sanciones que también podrían ser atribuciones de esa Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y Tributario. 

La creación de esta entidad, pondría al Consejo de Directores, Funcionarios, Auditores, Empleados, Comisarios de Cuentas, y Funcionarios de Alta Gerencia de las entidades de Intermediación Financiera, reguladas o no, en serios aprietos porque tendrían muy alta responsabilidad, cuando se les comprueben violaciones a los artículos 3, 68 y 80 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, se constituirían en asociación de malhechores, podrían ser acusados de lavados de activos provenientes de infracciones muy graves y enfrentarse con penas de hasta 20 años de prisión, por violación a diferentes leyes. 

Esta Procuraduría Especializada actuaria con mayor premura ante las denuncias o querellas que cometan los altos ejecutivos de entidades financieras e impediría el escape hacia otros países para evadir la persecución judicial, tal cual es el caso de doce (12) acusados por el fraude en Banco Peravia y de otros que han sido detenidos antes de abordar diferentes vuelos a países que harían imposible los procesos de extradición y que, con la sola intervención de esa Procuraduría, esos acusados de delitos financieros y fraudes tributarios, podrían ser sentados en el banquillo de los acusados en un tiempo record. 

La Fiscalía del Distrito Nacional posee de igual modo, un departamento de criminalidad organizada que maneja casos de alto perfil, pero que las limitaciones físicas, económicas y de personal, así como la falta de infraestructuras y parqueos, no le permite hacer un trabajo adecuado a pesar de los esfuerzos que allí se hacen por investigar y acusar a las diversas personas que realizan captaciones ilegales y de intermediación financiera. 

El Lic. César Amadeo Peralta, socio fundador de la Firma Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, Tel. 809-740-8848, Cel. 809-710-2213, ha participado como actor civil en representación de diferentes víctimas, en la mayoría de los fraudes financieros que han ocurrido en los últimos años y en diferentes casos de estafas, abusos de confianzas y falsificaciones que envuelven violaciones a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos, y otras infracciones muy graves.

VISIÓN GLOBAL

Por Nelson Encarnación

El Presidente de la República promulgó la llevada y traída Ley de Partidos, aprobada la semana pasada por el Congreso Nacional luego de un viacrucis de más de una década y tras sortear un vendaval que ha provocado serias fricciones en al menos dos de las principales formaciones del país, esto es, los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno.

Si bien el PRM dio muestras de afrontar exitosamente su conflicto para alcanzar la aprobación de la ley, sabemos que está latente una confrontación entre el expresidente Hipólito Mejía—partidario de las primarias abiertas—y Luis Abinader, quien postula el evento con padrón cerrado, ambos en procura de la candidatura presidencial para 2020.

En el PLD está por resolverse el tema de cuál instancia se considera el “organismo superior”, pues para unos se refiere al Comité Central, integrado por más de seiscientos miembros—la hipertrofia dirigencial también tocó al partido de Gobierno—mientras que para otros se trata del congreso partidario.

Sin embargo, estos son aspectos secundarios cuando se les equipara con otros que realmente tienen categoría superior en una escala de cuestiones positivas, muchas de las cuales, empero, pudieran ser de difícil implementación, lo que convertiría la nueva legislación número 33-18, en un hermoso poema o una declaración de buenas intenciones.

Entre los elementos a destacar podemos citar lo contenido en el artículo 75 sobre las causas de la pérdida de personería jurídica de las formaciones políticas, en las cuales se refuerza lo ya contenido en la Ley Electoral 275-97, ya obsoleta, referente a la no participación en dos elecciones seguidas.

La parte reforzada obliga a los partidos a concurrir de manera independiente y a rascarse con sus propias uñas, poniendo así término a la práctica de crear organizaciones políticas con vocación de rémora, lo que ha dado lugar a la existencia de formaciones que nunca han presentado candidaturas propias sino que siempre navegan sobre el lomo del tiburón.

¿Qué sentido tiene crear un partido para mantenerlo de manera indefinida arrimado a uno mayor y de esa manera hacerse con un cargo administrativo cuando este alcanza el triunfo electoral? De modo que consideramos importante ese aspecto de la nueva ley.

El otro elemento de gran trascendencia en la coyuntura actual de la humanidad, lo refiere el acápite 6 del artículo 44: “La difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología”.

Y es que las redes sociales, manejadas por desaprensivos, se han convertido en un azote contra la moral de las personas.

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Fue apoderado el Tribunal Superior Administrativo de un recurso contencioso y de una medida cautelar anticipada en contra de la circular No. 01, de fecha 29 de mayo del 2018 de la Autoridad Portuaria Dominicana para la construcción, reconstrucción y desarrollo de una terminal de cruceros y pasajeros por alegadas irregularidades que mantendrían dicha licitación bajo fuertes cuestionamientos judiciales. 

El Tribunal Superior Administrativo emitió autorización para conocer audiencia para el miércoles 18 de julio del 2018, a las 9:00 AM, a fin de conocer sobre la solicitud de medida cautelar depositada por la sociedad AJA INTERNACIONAL S.A., la cual se encuentra representada por la firma de abogados PERALTA & PERALTA, Y ASOC. ABOGADOS CONSULTORES, y el Lic. Cesar Amadeo Peralta, quienes alegan que dicha licitación está plagada de vicios y de irregularidades procesales, que podrían llevar la misma a otras instancias y se compruebe posibles delitos de concusión, cohecho, coalición de funcionarios y otras infracciones graves. 

Estos recursos le fueron notificados a la Sra. Circe Almanzar Melgen, Manuel Luna Sued, Gustavo Tavares, en sus calidades de miembros del Consejo Directivo de Autoridad Portuaria Dominicana, así como a la Dra. Yokasta Guzmán, directora de la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como al Sr. Juan Carlos Monta, presidente del Consejo Directivo de Autoridad Portuaria Dominicana. 

Dicha licitación es por un monto de cinco mil millones de pesos (RD$5,000,000,000.00), y estaría a cargo de la empresa que resulte adjudicataria, y en esta obra el Estado Dominicano no tendría que aportar ningún tipo de recursos. 

La empresa AJA INTERNACIONAL S.A., alega violaciones a los principios de transparencia, publicidad y eficiencia, así como al principio de razonabilidad, basado en el hecho de que una empresa que vaya a invertir de su propio peculio la suma de cinco mil millones de pesos (RD$5,000,000,000.00), y demuestra irregularidades en el suministro de las informaciones en cuanto al pliego de condiciones, debería serle prestada la mayor transparencia sin violentarle lo que sería el debido proceso. 

El abogado Amadeo Peralta en su recurso, solicita al Tribunal Administrativo que se ordene la suspensión provisional como medida cautelar anticipada de los efectos de la circular 01-2018 y la continuación del proceso de licitación APORDOM-CCC-LPN-001-2018, en virtud de toda las irregularidades denunciadas en dichos recursos, y en dicha instancia advierte que los daños y perjuicios que le sean ocasionados a su representante en violación a la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones, puede conllevar a responsabilidades civiles, penales y administrativas, según lo previsto en los artículos 148 de la Constitución de la República, y los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil Dominicano, entre otras infracciones. 

Por último, advirtió que de proseguir con dicha licitación irregular, la empresa que resulte irregularmente adjudicataria, sería igualmente encausada ante los Tribunales en donde demostraran todas las irregularidades cometidas.

Por Nelson Encarnación

La sociedad dominicana reaccionó, de manera unánime o mayoritariamente alarmada, tras el asesinato de la joven Anneris Peña a manos de un delincuente que no se sintió conforme con robar en la joyería donde laboraba la mujer, sino que prefirió quitarle la vida para evitar que ella lo identificara.

Ese temor a ser identificado ante las autoridades obedeció a que no era la primera vez que el delincuente visitaba la joyería, pues lo había hecho en ocasiones anteriores cuando acudía a vender prendas que no hay que ser adivino para saber que eran robadas.

Y es aquí donde entra la complicidad colectiva con el delito. Esta sociedad, quizá sin proponérselo, se ha ido enredando en la indiferencia frente a hechos que todos sabemos forman parte del rosario delictivo en que una parte de ella viene incurriendo.

El hecho de que el delincuente en cuestión acudiera frecuentemente a la joyería se debió a que ese negocio le compraba las prendas, lo que, al final, se traducía en un incentivo para que siguiera robando, confiado en que tenía un mercado asegurado.

Es exactamente lo que ocurre con compraventas, distribuidores de piezas y partes para vehículos de motor y negocios dedicados a la fundición de materiales sólidos.

Las compraventas adquieren o "empeñan" equipos del hogar que les son llevados por personas que a leguas se sabe no son sus propietarios, lo que convierte a esos negocios en cómplices de una actividad delictiva creciente en nuestro país.

A los administradores de esos negocios no se les ocurre exigir la presentación de una factura que pruebe la adquisición lícita del artículo presentado. Y no lo hacen porque ven en esa operación una oportunidad de obtener ganancia más o menos fácil, aun conscientes de que incentivan el delito.

Lo mismo sucede con distribuidores de partes de vehículos, un mercado establecido en base al robo y al desvalijamiento de autos cuyos propietarios los han adquirido con enormes sacrificios.

Estoy seguro de que un mercado a las claras formado y mantenido por la actividad delictiva sólo es permitido por las autoridades en un país donde la irresponsabilidad es parte de la cotidianidad.

¿Y qué decir de las fundidoras de metales? Es otro renglón que se nutre en gran parte del delito. Sus abastecedores son delincuentes que roban tapas de imbornales en calles y avenidas, barandillas de puentes, verjas en lugares públicos y propiedades privadas, cables de telefónicas y otras empresas, en fin, ladrones más o menos conocidos.

¿Se ha levantado la sociedad para exigir a las autoridades hacer frente a esta delincuencia organizada? No lo ha hecho. Entonces todos, de alguna manera, somos cómplices de la muerte de Anneris Peña

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VISIÓN GLOBAL

Por Nelson Encarnación

No cabe ninguna duda de que el presidente Danilo Medina se ha hecho merecedor de las reacciones positivas que han tenido diversos sectores de la sociedad dominicana luego de su comunicación a los líderes de ambas cámaras del Congreso, encaminada a destrabar el proyecto de ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas.

Esta iniciativa del mandatario, que de inmediato recibió el respaldo del ex presidente Leonel Fernández, le proyecta como un líder visionario capaz de deponer sus propios intereses políticos en favor de alcanzar objetivos de mayor envergadura como es la aprobación de las leyes que por años han dado vueltas en el Congreso.

Pero además, el talante conciliador de Danilo ha puesto de manifiesto algo que sostengo desde hace años, en el sentido de que en Partido de la Liberación Dominicana se armonizan los intereses cuando del logro objetivos comunes se trata. 

Es obvio que la mayor amenaza al predominio del PLD como partido de gobierno lo constituyen las notables diferencias que se afirma existen entre el Medina y Fernandez, por lo cual la comunicación de Danilo y la respuesta de Leonel allana el camino para una convivencia de alcance lo suficientemente prolongado como para librar juntos las próximas batallas electorales.

Aunque parece subsanado el camino hacia la aprobación de la ley de partidos, quiero resaltar un aspecto que pudiera parecer extemporáneo pero no lo es.

Es sobre el temor acerca de la eventualidad de que la modalidad primarias abiertas pudiera facilitar el voto de militantes de una formación por candidaturas de otra u otras organizaciones, distorsionando así el sentido de pertenencia, e incluso logrando influir en la elección de un candidato determinado.

Sin embargo, de ser dispuesta esa forma de elección interna de forma simultánea esa posibilidad se puede reducir a cero, siempre que la Junta Central Electoral adoptara una medida bastante sencilla y aplicable.

Bastaría con la emisión de un reglamento que disponga que los electores estarán obligados a sufragar sólo donde lo hacen en los comicios ordinarios, de modo que si Juan de los Palotes vota en el colegio electoral 00010, en las primarias dirigidas por la JCE su nombre sólo aparecerá en dicha mesa.

De esa forma, aunque la persona tuviese la intención de participar en un chanchullo en beneficio de un candidato de otro partido, tendría que hacerlo en el mismo colegio, lo cual sería imposible, ya que los encargados de mesa no le permitirían votar dos veces.

Es decir, que de esta manera desaparecería el miedo a la influencia ajena a la cual se atribuye la virtud de imponer en formaciones contrarias el candidato que considerado más vulnerable para ser derrotado en elecciones nacionales.

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VISIÓN GLOBAL

Por Nelson Encarnación

Las Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) debe ser más cuidadosa y prudente en su relación con las ARS, y evitar dinamitar un sistema que con sus defectos ha prestado un servicio a la población en los últimos 18 años.

La prudencia se impone aún más cuando se trata de un ente oficial que tiene que velar por el equilibrio entre esas empresas y los afiliados, los cuales deben ser el fin último de toda política dirigida al bien común.

El papel de la Sisalril no puede estar por encima de las facultades que conciernen al Consejo Nacional de la Seguridad Social, entidad colegiada en la cual convergen los intereses de los trabajadores, los empleadores y el Estado como equilibrio para un buen funcionamiento.

La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) asigna el campo de acción de cada uno de sus componentes, entre los cuales el SNSS y la Sisalril son parte.

Así las cosas, dicha ley define muy claramente la superioridad del CNSS sobre la Sisalril:

"El Consejo Nacional de Seguridad Social tendrá a su cargo la dirección y conducción del SDSS y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular el funcionamiento del Sistema y de sus instituciones, garantizar la extensión de cobertura, defender a los beneficiarios, así como de velar por el desarrollo institucional, la integralidad de sus programas y el equilibrio financiero del SDSS".

En lo relativo a la Sisalril, la ley fija entre diversas funciones: "Supervisar la correcta aplicación de la presente ley, el Reglamento de Salud y Riesgos Laborales, así como de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en lo que concierne a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de la propia Superintendencia".

Como se ve, para garantizar la buena marcha del sistema, la superintendencia no puede sobreponerse al CNSS en materia resolutiva sin entrar en contradicción con su propia normativa.

Ahora bien, de lo que se trata es que todos los organismos creados por la ley como partes integrantes del sistema ejerzan sus facultades procurando el mejor funcionamiento del mismo, no creando problemas, sino resolver los existentes.

En un organismo colegiado donde cada parte representada tiene intereses divergentes, lo lógico es que exista el derecho al veto, un mecanismo que garantiza que no se impongan decisiones que afecten a una de las partes, lo que, a su vez, obliga al consenso que al final genera las medidas más saludables.

Desde esa óptica es entendible que las ARS reclamen que ejercer el derecho al veto, lo mismo que las demás partes presentes en el CNSS, a lo cual no puede oponerse la Sisalril sin afectar el sistema.

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Lo califica como “Un Chiste de Mal Gusto”, Porque el Código Penal Dominicano no lo sanciona. 

Entrevistado por periodistas de este diario, el abogado Lic. César Amadeo Peralta, recordó una máxima que dice: “Que lo que no está prohibido, está permitido”, al referirse al tema de los Auto secuestros en República Dominicana, los cuales no figuran con ningún tipo de sanción en las leyes vigentes, por lo que el único nombre que esas acciones deberían tener es que, son chistes y bromas de muy mal gusto para la familia y las autoridades judiciales y policiales. 

Aclaró el abogado que, una persona que finja su secuestro contra él mismo, no existe ningún tipo de sanción, cosa ésta que considera absurda, ya que esa acción de auto secuestrarse para pedir un rescate, no sólo les lleva desasosiego a sus familiares, sino que hace incurrir en gastos operativos humanos y económicos, tanto a la Policía Nacional, al Ministerio Publico y a los organismos de seguridad del estado que pudieron emplear esos recursos y presupuestos de la nación y de los impuestos que pagamos los ciudadanos, para resolver otras cosas u otros casos, a parte del daño a la inversión extranjera, por propagarse la falsa noticia de que en el país exista la industria del secuestro. 

Países como México, castigan con prisión y multas a todo individuo que finja un auto secuestro y le permite al Ministerio Público, procesarlo por extorción y chantaje, aun sea a sus familiares más directos. 

Destaca el abogado Lic. César Amadeo Peralta que, si se llegara a pagar el dinero por el “Rescate” y es recibido por los “Auto Secuestrados” y sus cómplices podrían ser procesados por extorsión y chantaje, solo si el familiar decide presentar querella, por tratarse de dos delitos de acción pública, pero a instancia privada, pero de ningún modo aplican las disposiciones de la Ley No. 583, que incrimina el secuestro y todas sus formas y variedades, de fecha 26 de junio del 1970, porque uno de los elementos constitutivos del delito del secuestro es el rapto o traslado por medios violentos o haciendo uso de engaños, artificios o artimañas e intimidación para sustraer a una persona de su residencia habitual, con el objeto de privarla de su libertad y de reclamar, como rescate, sumas de dineros, libertad de prisioneros o cualquier otra exigencia, ya sea de los particulares o de las autoridades. 

En el caso de los auto secuestros, el auto secuestrado realiza todo acto de manera voluntaria, sin violencia, él mismo realiza sus traslados, finge a sus familiares directos, padres, hermanos(as), esposos(as), a quienes les solicita que paguen por su “rescate” y no lo hacen a particulares, ni a las autoridades policiales ni judiciales, por lo que, al no existir una legislación actualizada que permita castigar a los auto secuestrados en República Dominicana, no habrá sanciones ni para los auto secuestrados, ni para sus cómplices, a menos que sea una situación suigeneris que empiece con una simulación de secuestro y termine con la materialización de otros delitos con los cuales también entrarían en funciones la nueva Ley No. 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Nuestro Código Penal Dominicano de hace 230 años, en sus artículos 341, 342 y 343 establecen que, para el caso de que exista una detención o un encierro ilegal real, no auto secuestro, que las penas por encierro o detención ilegal se reducirán a prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años, si los culpables de los delitos “pusieran en libertad a la persona encerrada antes de que se les persiga por este hecho y antes de los diez (10) días del encierro”, por lo que de todas maneras es inaceptable, refiere. 

El Lic. César Amadeo Peralta considera que, esta nueva forma de obtener dinero engañando a los familiares directos, es una laguna jurídica en nuestra legislación, que no importa el esfuerzo que hayan realizado las autoridades cuando logran “liberar” a un auto secuestrado de sus propias cadenas mentales delictivas, al final los jueces no pueden hacer nada, porque no tenemos una ley que castigue los auto secuestros. 

Finalizó el abogado Lic. César Amadeo Peralta al decir que, el Congreso Nacional tiene una buena oportunidad para introducir esta figura en el Nuevo Código Penal Dominicano y que, la República Dominicana no pueda seguir teniendo vigente un Código que fue instaurado hace 230 años, cuando el mundo era totalmente diferente, y en la actualidad existen múltiples delitos nuevos que han surgido con el avance social y económico de los pueblos. 

Por Nelson Encarnación

En algunas ocasiones he sostenido que la oposición comete un gravísimo error de cálculo al cifrar sus expectativas electorales en la división del Partido de la Liberación Dominicana, una eventualidad que a la fecha no se materializa.

Sobre unas estrategias equivocadas, la oposición siempre aguarda lo que no se produce, pues la dirigencia peledeísta sabe manejar los conflictos y no se deja llevar por las emociones, consciente de que en la política se actúa con cabeza fría.

Así las cosas, lo único seguro en los momentos cruciales es que, al final, en el PLD prevalece el espíritu de cuerpo, logrando sortear cualquier circunstancia adversa que amenace el predominio de la formación política más exitosa en términos electorales que ha tenido la República Dominicana en décadas.

Ahora mismo muchos se aventuran a vaticinar que el partido oficialista se dividirá producto de las confrontaciones que ha avivado el debate sobre la modalidad de primarias abiertas contemplada en la ley de partidos aprobada por el Senado de la República.

Y se puede adelantar que si en el PLD se agudizan las contradicciones será producto de algún trance mayor, no por una simple modalidad de elección interna que a la postre lo que vendría sería a poner orden en las organizaciones al dejar bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral la realización de procesos internos en cuyo montaje los partidos han probado no tener mucho control.

Sobre esto es bueno recordar las experiencias de convenciones partidarias ensangrentadas como consecuencia de las pasiones desbordadas y sin árbitros que pusieran freno a los desmanes.

Estas deberían ser un punto a tomar en cuenta en beneficio de que esos eventos sean puestos en manos de órganos neutrales como sería el caso de la Junta Central Electoral, lo que tampoco es una garantía de que no se produzcan incidentes, pero más controlados por la autoridad en la materia.

El miedo a que desde fuera de las organizaciones políticas se pudiera influir en la elección de un candidato determinado—lógicamente, procurando ungir al más vulnerable—carece de lógica, pues cada partido estaría enfocado en movilizar la mayor cantidad de votantes, con la perspectiva de que si una persona decide sacrificar su tiempo para sufragar en un evento meramente partidario, con mayor razón acudiría a votar por el abanderado de esa formación en los comicios generales.

Es decir, que quien no se sienta atraído por un partido no perderá su tiempo haciendo fila para votar en unas primarias de un partido que no le atrae. Desde ese punto del razonamiento, el temor a la influencia de extraño carece de sentido, siempre que las primarias sea simultáneas y organizadas por la JCE.

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VISIÓN GLOBAL

Por Nelson Encarnación

Es sorprendente como el señor Luis José Domínguez Trujillo (ya se ha comprobado que no se llama Ramfis) ha ido tejiendo una madeja de engaños basada en una retórica hueca que un puñado de incautos ha llegado a creerle.

Mediante su telaraña de embustes y embaucamiento, el señor Domínguez Trujillo consiguió dar el primer paso hacia la canalización de una candidatura inviable, al obtener una franquicia en la personería jurídica del Partido Demócrata Institucional (PDI), una formación dirigida por un veterano como el amigo Ismael Reyes Cruz, a quien uno le suponía una posición más en consonancia con la decencia política.

Conste que Reyes Cruz tiene todo el derecho de colocar su franquicia en la dirección que entienda correcta. ¿Pero ponerla al servicio de un Juan de los Palotes político como el señor que se identifica como Ramfis sin serlo? ¡¡Ufff!! Eso está muy alejado de lo que uno puede considerar políticamente correcto o, por menos, defendible.

Hace un tiempo dediqué una entrega aquí a señalar algunas de las mentiras en las cuales este sujeto basa su pretendida aspiración presidencial. Varios de los muchos amigos que opinaron, en privado, sobre el tema, señalaron la conveniencia de ignorar a este supuesto precandidato.

Sucede, sin embargo, que hacerse a la idea de que el individuo carece de posibilidades reales—como es el caso en cuestión—puede conducir a un descuido y que su retórica mentirosa pudiera generarle una votación suficiente como para pavonearse.

Uno de esos amigos me recordó que el individuo no califica constitucionalmente para ser candidato en nuestro país, pues no ha podido presentar un documento que pruebe que, cuando menos en 2010, renunció a la ciudadanía estadounidense que ostenta por haber nacido en los Estados Unidos.

Hasta prueba en contrario, el engatusador cae de lleno en el artículo 20 y su párrafo de la Constitución de la República:

“Artículo 20.-Se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana.

Párrafo.- Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los diez años previos al cargo...”

En el caso remoto de que la Junta Central Electoral aprobase su candidatura, quedarían el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional para impedirla, no por miedo a que el individuo pudiera ganar unas elecciones—

posibilidad descartada de antemano—sino porque la Carta Magna es clara en este aspecto y hay que respetarla.

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VISIÓN GLOBAL

Por Nelson Encarnación

Como suele suceder con las comunidades olvidadas, no tanto por su distancia geográfica sino por las carencias materiales, Pedernales ha sido noticia estos días como consecuencia de la delictiva incursión de ilegales haitianos que quitaron la vida a dos ciudadanos de trabajo.

El interés por la ciudad y la provincia motivó la presencia de medios de comunicación que en otras circunstancias no toman en cuenta esa demarcación, a menos que pueda generar titulares. Es justo lo que ha pasado.

Pero en Pedernales subsisten otras realidades que impactan terriblemente a sus pobladores. Es precisamente lo que motiva la indetenible presencia de inmigrantes haitianos que tienen ese destino al alcance de una simple alambrada.

Se sabe que los haitianos, asediados por las carencias, muchas veces se aventuran en una embarcación precaria hacia ninguna parte, y cuando arriban a algún punto en el Caribe son regresados de inmediato a sus tierras.

¿Entonces, para qué aventurarse si tienen un poco de mejoría en sus vidas con sólo cruzar una rústica palizada donde, generalmente, la vigilancia está ausente? Es una paradoja, pues mientras los haitianos ven esa posibilidad, Pedernales se ha ido quedando vacía por la falta de oportunidades, principalmente para su gente más joven.

¿Qué pasó para que en pocos años una situación económica promisoria cambiara de forma tan radical? Empecemos por recordar que sus tres fuentes más importantes de ocupación de mano de obra desaparecieron, dejando a los habitantes de Pedernales sólo con la opción de emigrar hacia la capital de la República en busca de mejor vida.

El primer golpe a las esperanzas de mucha gente se recibió cuando el celo medioambiental que florece en la capital, donde no se toman en cuenta otros factores que no sea el cuido de bosques y especies, obligó a la suspensión de toda actividad minera en una provincia que se levantó y mantuvo bajo el amparo de la minería a través de la Alcoa Exploration Company responsable de la extracción y exportación de bauxita.

De repente desapareció la minería, cerró Cementos Andinos, otra fuente de trabajo, y la zona franca fue arruinada por políticas inexplicables de la pasada gestión en Aduanas, lo cual provocó el colapso de la actividad económica y la consiguiente salida de cientos en busca de mejor suerte.

Hubo alguna esperanza de reactivación económica cuando se anunció que el empresario José Luis Corripio había adquirido Cementos Andinos, pero el señor Corripio ha congelado esa franquicia, en tanto la cementera está inactiva.

Con un cuadro tan desolador, quienes no se acostumbran a ver cada día salir y ponerse el sol sin esperanza, han preferido hacer maletas. Justo ahí, haitianos, disolutos y muchos delincuentes, han ocupado el espacio.

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Lo seguro es lo tragao. Ahora exportamos aquí. 

El 2018 fue denominado por el poder ejecutivo como ¨Año de Fomento a las Exportaciones¨ y hoy exportamos aquí mismo. El turismo es uno de los pilares de nuestra economía y agrupando estos dos grandes generadores de divisas para nuestro país, exportaciones y turismo nos damos cuenta de las microexportaciones tejidas al turismo. Me explico. 

Cada vez que un turista viene a la República Dominicana y consume productos de nuestros campos producidos a través de las visitas sorpresas tales como chocolates de la Asociación de Mujeres Productoras de Cacao, carnes de los ganaderos de la región norte, frutas de los productores manos unidas de belloso en Puerto Plata. 

En el mismo orden de los productores de pitahaya y las asociaciones de panaderos y trabajadores de harina en La Romana. 

Exportamos estos mismos alimentos porque el turista paga con dólares y las exportaciones se pagan con dólares y esos productos salen de nuestro país. 

Son exportaciones que no pagan flete porque son exportaciones dentro del territorio nacional y el turismo en el día de hoy está consumiendo más de 28 mil millones de pesos del sector agropecuario, eso es un impulso sin precedentes en la historia de nuestro país y se debe a las políticas públicas que están siendo dirigidas por el gobierno a ese sector. 

Además debemos de resaltar este tremendo dato de que al día de hoy más de 7 millones de turistas nos están visitando entre ellos 1.1 millones de cruceristas por medio de las terminales de cruceros Amber Cove y La Romana. 

A través de estas terminales se generan más de 5 mil millones de divisas a la República Dominicana pero sobre todo lucran a nuestros agricultores transformándolos en microempresarios. 

Danilo ha tenido la visión bien clara desde su campaña electoral del 2012 identificando el turismo como una locomotora que catapulta la economía de nuestro país, de igual modo optimizar y direccionar esta locomotora a nuestros agricultores porque si el turismo crece también lo hacen de la mano todos los sectores agropecuarios. 

Diga usted si las microexportaciones no están tejidas al turismo.

VISIÓN GLOBAL

Por Nelson Encarnación

Las autoridades, a todos los niveles, no pueden dejar pasar por alto lo que ha sucedido en Pedernales, cuyos pobladores pretendieron tomar la justicia en sus manos para expulsar a los haitianos que en cantidades impensadas han ocupado esa provincia completa, no sólo el municipio cabecera.

La reacción ante el asesinato de una pareja atribuida por los habitantes a delincuentes haitianos es entendible, si bien no es la forma correcta de proceder frente a la comisión de delitos en los que frecuentemente incurren ciudadanos del vecino país.

El envío de tropas que por orden del presidente Danilo Medina han ido a imponer el orden en Pedernales, es una reacción oportuna pero no suficiente, puesto que de no adoptarse medidas duraderas posiblemente volverán a presentarse situaciones que comprometan la tranquilidad, la seguridad y el orden público en esa ciudad.

La muerte de los esposos Julio Reyes Pérez y Neiva Feliz Urbáez es un suceso que pudiera considerarse aislado si tomamos en cuenta que todos los días se producen homicidios en todo el territorio nacional, incluso con la participación de ciudadanos haitianos. Ese no es el problema.

Y ni siquiera lo es la cada vez más abundante presencia de ilegales del vecino Estado que se apoderan de espacios dominicanos generando la natural y lógica indignación de los dueños de este territorio, que somos los herederos del sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella.

El problema es más que eso, y debemos conectarlo con la incesante prédica de Gobiernos e instituciones extranjeros que mantienen una agitación, a veces sutil y otras destemplada, contra las políticas que se adoptan de este lado en defensa del interés nacional y de incitación a que los ciudadanos de la parte occidental de la isla de Santo Domingo se consideren merecedores de lo que existe en la porción oriental.

Es justamente lo que ocurre cuando se producen pronunciamientos como el formulado por la que dentro de pocos días asumirá como embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, quien durante su audiencia de confirmación en el Senado volvió a recurrir a la mentira de los apátridas.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y algunas ONG son permanentes agitadores que utilizan el mismo argumento mentiroso de que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional creó miles de apátridas al despojar a los haitianos de "su nacionalidad dominicana", la cual nunca tuvieron.

Ha sido esta irresponsabilidad y el uso consciente de una mentira lo que ha ido alimentando situaciones potencialmente explosivas, en razón de que una población irregular que cree haber sido despojada de derechos, tiende a reaccionar de manera violenta en procurar de recuperarlos. En realidad, poco conflictos han estallado.

Nelsonencar10@gmail.com

Por: Leonel Fernández 

Opinión 12 marzo 2018 

De conformidad con el diccionario Oxford, post-verdad fue el término más empleado en el 2016. Tuvo un incremento de más del 2000% con respecto a su empleo o utilización en el 2015. 

Ese aumento se debió, fundamentalmente, a dos acontecimientos políticos que empezaron a gestarse durante esos años: el Brexit en Gran Bretaña, que marcó su salida de la Unión Europea; y la campaña electoral norteamericana que culminó con la elección presidencial de Donald Trump. 

En ambos casos empezó a emplearse una técnica de comunicación que resultaba novedosa. Se intentaba apelar a las emociones de los electores, más que a su racionalidad, con la finalidad de inducirles a adoptar actitudes y comportamientos que entraban en conflicto con la auténtica realidad de la que formaban parte. 

En el empleo de la post-verdad como técnica de comunicación, había, por vez primera en la historia, la utilización de un mecanismo que tenía como objetivo subordinar la verdad al interés del proyecto político que se estaba fomentando. 

Podría considerarse que con la aplicación de esa técnica no se estaba haciendo nada nuevo. Al fin y al cabo, podría argumentarse, en eso precisamente ha consistido la mentira y la propaganda: en desinformar y manipular como forma de distorsión de la realidad. 

Sin embargo, aunque tiene un parecido con la propaganda y la mentira, no es enteramente así, pues la post-verdad tiene un elemento singular que le caracteriza. Ese elemento consiste en que no solamente representa un desafío a la posibilidad de conocer la realidad, sino que, más bien, procura desconocer o negar su existencia como tal. 

Eso, aunque tiene profundas raíces en la historia del pensamiento, nunca se había presentado como fenómeno social. Ha sido en tiempos recientes que ha empezado a tener incidencia e impacto en las nuevas formas de comunicación en el ámbito de la política. 

Los que empezaron a acuñar el término de post-verdad lo hicieron imbuidos del buen propósito de poner de manifiesto la existencia de ese nuevo fenómeno, que consideraban como un grave peligro para el debido funcionamiento de la democracia. 

Ahora bien, lo que resulta polémico o discutible, respecto del término de post-verdad, es su propio sentido semántico. Por el uso del prefijo post, podría considerarse que se trata de algo que viene después de la verdad. Pero, si puede haber un después, se supone que debe haber un antes. Por consiguiente, podría hablarse de una pre-verdad; y como a la verdad, se le opone la mentira, entonces podría decirse que hay una pre-mentira, una mentira y una post-mentira, todo lo cual, obviamente, resultaría en un solemne dislate. 

Verdad y objetividad 

La búsqueda de la verdad ha sido una preocupación constante en la historia de la filosofía y de la ciencia, lo cual hunde sus raíces en la Antigua Grecia. Sobre el particular había hecho referencia Platón, al señalar que Sócrates advertía sobre el peligro del falso saber. 

Aristóteles fue aún más incisivo. 

En su trabajo sobre la metafísica, llegó a señalar la verdad y la mentira en los siguientes términos: “Lo que es y se dice que es; y lo que no es y se dice que no es, es verdad. 

Pero lo que es y se dice que no es; y lo que no es y se dice que es, es mentira”. 

Así definió, de manera sencilla, aunque parezca complicado, el sabio estagirita, la noción de verdad y de mentira. 

Sin embargo, ha habido corrientes de pensamiento que han negado la posibilidad de que la verdad pueda ser plenamente conocida. Se sostiene que puede haber una aproximación a la verdad, una verdad relativa, pero nunca una verdad absoluta, como lo sostienen en tiempos actuales, los partidarios del post-modernismo. 

Iguales criterios prevalecen en relación al concepto de objetividad. 

Se considera, sobre todo en el terreno de la comunicación, que se debe transmitir un mensaje que sea susceptible de reflejar la realidad, esto es, que no se encuentre afectado por los valores, criterios y creencias de quien lo transmite. 

Esa noción de objetividad ha sido el ideal o marco de referencia al que siempre ha aspirado el periodismo profesional. Desde mediados del siglo XIX, en que se desarrolla la gran prensa de masas, se partió del criterio de que la información tenía que transmitirse con espíritu de imparcialidad o neutralidad. 

Para hacer eso posible, se hizo énfasis en que el periodista profesional tenía que transmitir los hechos, lo ocurrido, en base a los datos emanados de los acontecimientos; y se procedió hasta indicar los elementos que tenían que ser tomados en consideración para la elaboración de la noticia, así como la técnica específica de redacción, que fue el de la pirámide invertida. 

Durante años, esas normas de búsqueda y redacción de las noticias constituyeron el evangelio del periodismo profesional. Se entendía que se había logrado la objetividad, imparcialidad y neutralidad en la presentación de la información o noticia. 

Sin embargo, con el tiempo se llegó a comprender que la presentación del hecho noticioso no resultaba en sí tan objetiva, puesto que requería de una serie de procedimientos, que incluían la selección de la información; una presentación de los hechos, no en forma cronológica, sino en un orden descendente de importancia; una contextualización; y la decisión del lugar de publicación en las páginas del periódico. 

Todo eso implicaba que aun deseando ser imparcial y objetivo, el método de elaboración de la información requería de un conjunto de valores y criterios subjetivos por parte de quien elaborase la noticia, que inevitablemente producían un sesgo informativo. 

El peligro de la post-verdad 

Así pues, a lo largo de la historia, ha habido escuelas o corrientes de pensamiento que han considerado que la verdad y la objetividad no pueden ser plenamente alcanzadas, debido a prejuicios preexistentes y a un sesgo cognitivo que impiden que pueda lograrse la imparcialidad y la neutralidad frente a los fenómenos de la vida social. 

Para esos sectores, la realidad como tal, no existe. Lo que existe es una construcción social de la realidad, la cual, por supuesto, está contaminada con los valores, las creencias y la ideología de quien la construye. 

La diferencia entre los que no creen que la verdad absoluta o la objetividad plena existan, y los que hacen referencia al fenómeno de la post-verdad, radica en que para estos últimos de lo que se trata no es de si la verdad puede o no ser conocida, sino de cómo poder subvertirla o modificarla, a los fines de ponerla al servicio de un proyecto de dominación política. 

Mientras la mentira engaña; la propaganda manipula y distorsiona; el periodismo de opinión orienta en una determinada dirección; la publicidad intenta convencer a los consumidores de la bondad de sus productos; la post-verdad, por su parte, altera la realidad, crea una realidad nueva, una “realidad no real”, inexistente, ficticia, con el objetivo de hacer predominar unos determinados valores o criterios, que permitan subordinar la “realidad real” a las emociones; y por vía de consecuencia, arrastrar a determinados sectores de la población, en forma irreflexiva, hacia unas determinadas acciones políticas. 

Como se ha demostrado en los casos del Brexit y de las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas, la post-verdad constituye uno de los mayores peligros con los que se enfrenta la democracia moderna. 

En la era política de la post-verdad, las personas son inducidas a creer en algo que no es real, a partir de la presentación de lo que se ha denominado como “datos alternativos”, generando nuevos conceptos y valores que sirven de referencia para la creación de percepciones, actitudes y comportamientos. 

En su clásica novela, 1984, el autor británico, George Orwell, hizo referencia a un mundo de penumbra, de pesadilla, de absoluta dominación política, en el que las palabras, en un diccionario de neolengua, expresaban exactamente lo contrario de lo que se quería decir. 

De esa manera, el amor equivalía al odio; la paz era la guerra; la vida era la muerte; y la verdad, sinónimo de mentira. Nunca pensó Orwell que al llegar el siglo XXI, en sistemas democráticos avanzados se emplearían técnicas de subversión de la realidad tan peligrosas como las que él, en su mundo imaginario y de ficción, había considerado que sólo podían existir en regímenes totalitarios. 

Desafortunadamente, sin embargo, así es. En la era política de la post-verdad, todo es nada; y nada es todo. La verdad no importa. 

Todo es posible. Solo basta la voluntad. 

Nada tiene límites.

copiado, de Vanguardia del Pueblo. PLD.

VISIÓN GLOBAL

Por Nelson Encarnación

Una de las demandas más frecuentes en el debate público nacional es la necesidad, según muchos, de que se reduzca la nómina pública, debido a que la abultada plantilla estatal consume millones de pesos que bien pudiesen ser utilizados en inversiones reproductivas.

Es un reclamo que forma parte de todos los foros y es condición casi indispensable para que las discusiones de los grandes temas en los que interviene el Estado puedan conducir a entendimientos duraderos.

Negar que las instituciones públicas operan con un personal que sobrepasa sus necesidades de funcionamiento óptimo, sería ir contra una realidad que no admite discusión, pues se acepta que desde hace décadas el Estado emplea más gente de la que requiere.

Ahora bien, la otra realidad—más pesada aún que la primera—es que el Estado no puede deshacerse de ese personal que excede las necesidades operacionales de su estructura, sin causar un gravísimo problema social que desbordaría la capacidad de respuesta del propio Estado.

Hagamos un ejercicio del absurdo y supongamos que para complacer esos reclamos se echaran de manera gradual a 125,000 empelados públicos en un período, digamos, de seis meses.

La relación directamente proporcional sería un ahorro de cientos, quizá miles de millones de pesos del presupuesto público, pero otra sería, igualmente, un incremento de la presión social, las demandas, la delincuencia y quién sabe si hasta un estallido que acabaría con la tranquilidad de quienes creen que el problema de este país son los magros ingresos que el Estado proporciona a esos ciudadanos para que ellos y sus familias puedan sobrevivir.

¿Qué haríamos con el sustento que por vía de los ingresos percibidos por esos imaginarios 125,000 desahuciados llega a casi un millón de personas que dependen directamente de los hombres y mujeres catalogados de parásitos estatales?

Como ejercicio de lógica económica esta demanda luce hasta cierto punto razonable. Pero en una economía donde el sector privado no genera empleos a la velocidad que se demanda y la informalidad es la causa principal de la precarización del ingreso, abogar por la desaparición de los pocos recursos que perciben los llamados supernumerarios es hasta criminal.

Ahora mismo, según el Banco Central, la tasa de desocupación abierta—un método más restringido de medir el índice de desempleo—ronda el 7.5 % de la población económicamente activa. Sin embargo, cuando se mide la tasa de desocupación ampliada—otro método aceptado en esta materia—la cifra se duplica.

En cualquier caso, reducir la nómina pública implicaría agregar más desocupados al índice y una mecha social de difícil manejo y cuyas consecuencias sólo se prevén políticamente, no contablemente, como la ven quienes piden una barrida de la empleomanía estatal.

Nelsonencar10@gmail.com

La entrada en vigencia de la ley de lavados de activos, 155-17 y las diversas normas generales de cumplimiento general inmediato para todos los sujetos obligados y no obligados, debe llamar la atención de todos los sectores de la economía, que por malas costumbres se han hecho de la vista gorda y no se involucran , ni participan, ni opinan, ni conocen los proyectos de la ley en curso en nuestras Cámaras Legislativas y luego les sorprende cuando es tarde, la creación de leyes que les son de cumplimientos obligatorio y con sanciones económicas y penales severas, como sucedió a gremios, como el colegio de abogados de la Republica Dominicana, al colegio dominicano de ingenieros (CODIA), el Instituto Dominicano de contadores y otros gremios, que ni opinaron ni se interesaron, al parecer la ley no era para ellos y estos son sujetos obligados en la misma.

La Dirección General de Impuestos Internos recientemente emitió cinco nuevas normas en materia de prevención de activos, cuya ley 155-17, en su art.2, numeral.17, le otorgo potestad reguladora y supervisora de empresas o personas físicas que se dediquen a una actividad comercial para la cual no exista un organismo regulador estatal y específico.

Estas normas son dadas con el propósito de que los siguientes entes, sean garantes del cumplimiento de las obligaciones, destinadas a prevenir, detectar, de evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.

Las normas generales No.01-2018; 02-2018; 03-2018; 04-2018; 05-2018, van dirigidas directamente hacia los abogados, los notarios a todos los contadores y empresas de factoraje, a las personas físicas o jurídicas que se dedican a la compra y venta de motores, barcos o aviones, los agentes inmobiliarios, las empresas constructoras, las fiduciarias, los comerciantes de materiales preciosos, piedras preciosas y joyas, las personas o empresas que se dediquen a la venta y compra de armas de fuego, las compraventas o casas de empeños entre otros sectores.

Estas normas en su artículo 4 obligan a los sujetos o entidades antes mencionadas a diseñar e implementar un plan o programa de cumplimiento en materia de prevención y control de lavados de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. De igual modo deberán diseñar e implementar un sistema integral de prevención y control que le permita identificar el origen. El propósito y el destino de los fondos invertidos por sus clientes o gestionados en su favor, así como crear políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en materia de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas y mitigar sus efectos.

Esos sujetos obligados en esas normas deberán confiar en una persona con nivel gerencial, designados como oficial de cumplimento con capacidad técnica y quien será el encargado de vigilar la estructura observancia del programa de cumplimento y; dicho funcionario servirá como enlace del sujeto obligado con la unidad de análisis financiero (VAF) y la DGII.

De igual modo el sujeto obligado deberá estar inscrito en la unidad de análisis financiero. Deberá establecer un código de ética y aplicar todas las medidas necesarias para identificar sus clientes, el beneficiario final de las transacciones y el origen de los fondos invertidos.

Deberá reportar a la unidad de análisis financieros todas las transacciones en efectivo iguales o superiores a quince mil dólares o su equivalente en pesos, además de reportar las operaciones sospechosas en un plazo de 5 días hábiles, después de realizada o infundada la transacción y operación y conservadas por 10 años todos los documentos relativos a sus operaciones comerciales.

El régimen sancionador administrativo se encuentra detallado, en la norma general 05-2018, por lo que invitamos a leerlo más ampliamente.

Entre las sanciones penales, que podrían ser aplicables a los sujetos obligados y establecidos en estas normas, estas se aplican de manera separada de las sanciones administrativas, que pudieran ser desde severas multas, hasta cierre y clausura del establecimiento comercial.

Entre las consecuencias penales, el infractor de la ley si es hallado culpable, podría sufrir la imposición provisional de medidas de coerción, acusación formal por violación a la ley de lavado de activos con penas de 10 hasta 20 años de reclusión mayor.

Por: Enmanuel Martínez

Manipular resultados electorales o sistemas democráticos para lograr llegar al poder o reelegirse en el mismo se ha establecido como un mal precedente en nuestra región. Se ha evidenciado y observado como líderes y grupos políticos se han impuesto mediante el uso de recursos del Estado, alteración de intencional de resultados electorales.

Estos malos precedente cada vez se afianza más al no tener un freno por parte de alguna organización internacional que evidencie los hechos y aplique sanciones fuertes. Varios han sido los casos en la región, y en países como República Dominicana en el 2016, se pudo observan fuertes disturbios luego de las elecciones debido a múltiples denuncias de fraudes y alteración de resultados. A pesar de las evidentes denuncias los observadores internacionales y organismos dedicados a velar por el ¨Organización de Estados¨ no aplicaron ninguna medida correctiva o sancionatoria.

La lista de países donde los actuales gobiernos gestaron algún tipo de manipulación electoral para mantenerse o reelegirse es amplia entre los que se encuentra: México, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina, Haití, Nicaragua, Honduras. Precisamente en Honduras en sus más recientes elecciones generales se pudo observar como el poder y el control del partido en el gobierno impuso una reelección por encima del orden constitucional.

Este casos y denuncias se han extendido a países denominado potencias mundiales, tal es el caso de que tanto tuve que ver el gobierno ruso en la elecciones de Estados Unidos, esto levanta nuevas interrogantes sobre si estamos viviendo en tiempos donde el intervencionismo electoral internacional es hoy posible sin consecuencias? 

Más allá de las preguntas también debemos de pensar en cuales han sido las respuestas que hasta el momento se han dado a estos casos. Si existiera verdadera voluntad para analizar objetivamente estas problemáticas, organismos internacionales y grupos democráticos propiciarían la celebración de reuniones donde analicen cada caso y se comprometan a dar soluciones. Un compromiso internacional de no permitir que la creencia en la democracia se pierda por malos actos y precedentes no saludables.

Este tema debe llamar la atención de muchos países democráticos con interés en mantener verdaderas democracias y no permitir que estos malos precedentes las afecten, las organizaciones multilaterales deben actuar ya antes de que estos hechos terminen con el gran ideal de las democracias verdaderas en nuestros países.

ENFOQUE

CARLOS DESPRADEL

Tomado del Listín Diario

Especial para Listín Diario

Quisqueya es una tierra bendecida por el Creador. Nos proveyó de hermosas playas, fértiles valles, escarpadas montañas, extensas llanuras, caudalosos ríos y un clima envidiable. Los habitantes de esta hermosa tierra somos el resultado de la mezcla de razas de todos los orígenes y matices, que a través de generaciones hemos creado una singular: los dominicanos. No somos blancos, tampoco negros o amarillos. Nos caracterizamos por ser alegres, festivos, bondadosos y cuando la Patria nos ha llamado, también combativos.

A través de los años hemos dotado al territorio nacional de una magnífica infraestructura física que ha servido para integrar plenamente nuestro territorio y que ha sido posible por la contribución fiscal de todos los dominicanos y consecuentemente a todos nos pertenece.

En el orden económico, con muchos esfuerzos hemos sabido tener tasas de crecimiento satisfactorias en las últimas décadas, aunque lamentablemente desde hace muchos años gravitan sobre la economía nacional elevados déficits fiscales, consecuencia de una burocracia clientelar que se ha constituido en una pesada carga para el Erario. Estos constantes déficits han producido, a su vez, una creciente deuda pública que ya constituye una legítima preocupación y que habrá que enfrentar, más temprano que tarde.

Pero donde hemos fallado rotundamente es en lo social. En las últimas décadas hemos estructurado una población mayormente indisciplinada, irrespetuosa de la ley y con una tendencia al dinero fácil, mediante la corrupción, el robo, el narcotráfico y otros medios ilícitos, que nos ha convertido en una de las sociedades más inseguras del Continente. También muchos otros indicadores sociales nos señalan el rumbo equivocado que estamos siguiendo. A este deterioro social ha contribuido la existencia de una clase política generalmente clientelar, que ha permitido altos índices de corrupción e impunidad.

Ante esta situación social, una reciente encuesta arrojó un espeluznante resultado al señalar que más de 60% de los jóvenes entre los 18 y 25 años, especialmente entre los más educados, tiene intenciones de irse a vivir al extranjero en los próximos años. Este es un indicador muy triste y que a todos nos debe llamar a una profunda reflexión, pues se trata de la reserva de la Patria, donde deberá descansar el futuro de nuestra Nación. Esta juventud nos está diciendo que ha perdido la ilusión y el interés de luchar por el desarrollo de nuestra economía y de la sociedad dominicana, aun cuando esto significa dejarlo todo atrás, incluso los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer nuestros antepasados para formar esta Nación. En resumen, se está perdiendo la esperanza en el futuro de la Patria.

Sin embargo, sería muy simple e irresponsable atribuirle este sentimiento generalizado de nuestra juventud exclusivamente al clima de inseguridad y desorden imperante. El problema dominicano es mucho más profundo, pues tiene características que lo podrían hacer irreversible.

Hay que buscarlo también en nuestra proximidad con Haití, en la creciente invasión pacífica de sus empobrecidos habitantes, así como en la injusta política a que nos quieren obligar las grandes potencias extranjeras, las cuales aplican en sus países todo lo contrario a lo que nos están tratando de imponer. A esto se suma, la incomprensible pasividad con que han respondido las autoridades nacionales, ante este gravísimo problema.

Ya nadie sabe con exactitud cuántos cientos de miles de ciudadanos haitianos han cruzado ilegalmente la frontera para radicarse en territorio dominicano en las últimas décadas.

Pero basta una simple mirada a nuestros alrededores, no importa en qué lugar de nuestro territorio nos encontremos, para darnos cuenta de cuan profunda ha sido la penetración de estos indocumentados.

Así vemos como numerosos poblados han sido abandonados por los dominicanos y ya la gran mayoría de sus habitantes son haitianos, con todas las funestas consecuencias que esto tendrá para el futuro de nuestra Nación, pues cuando decidamos reaccionar, quizás será muy tarde e irreversible.

Esta invasión pacífica está afectando sensiblemente las oportunidades de trabajo para los dominicanos, agudizando así el desempleo que nos agobia.

También está deprimiendo los salarios de los estratos más bajos y consecuentemente agravando la injusta distribución de ingresos que nos caracteriza.

Asimismo, se ha constituido en una pesada carga para el gasto público en salud, educación y otros servicios sociales, pues una gran parte de este gasto se utiliza para atender necesidades de extranjeros ilegales. Pero lo que más desasosiego produce es ver la alarmante rapidez con que se está transformando la sociedad dominicana, la cual, si esta situación continúa, en muy pocas décadas perderá su propia esencia dominicanista, con todas las repercusiones negativas que esto implicará.

Por todas estas razones, es imperativo que al iniciarse este nuevo año 2018, las autoridades nacionales apliquen con marcado interés las medidas correctivas que esta grave situación amerita, las cuales a nuestro entender, deberían enfocarse simultáneamente en cuatro frentes.

En primer lugar, las autoridades deben hacer respetar el territorio nacional mediante el uso de todos los instrumentos legales a su disposición, como todas las naciones civilizadas lo están haciendo en estos momentos.

Segundo, el Gobierno debe lanzar una ofensiva diplomática para explicar en foros internacionales las funestas consecuencias geopolíticas que tendría una desestabilización incontrolable de nuestra isla, como podría suceder. Tercero, se debe iniciar un diálogo serio y urgente con las autoridades del vecino país, que tenga como objetivo principal la búsqueda de políticas armoniosas, de mutuo respeto, que permitan que ambas naciones se puedan desarrollar y buscar, por separado, su propio destino. Finalmente, ofrecer a nuestros vecinos toda nuestra cooperación para ayudarles a que puedan alcanzar este objetivo.