Lucy
Arraya
Jueves 22 de marzo 2018
Desde
la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
de América, los países Centroamericanos y la República Dominicana (DR-CAFTA),
el 1ro. de julio del 2006, se dijo que como consecuencia de las aceleradas
negociaciones en desmedro del interés nacional, el país se vería en desventaja
y perjudicado en los sectores vulnerables y que de manera particular, se
afectarían las oportunidades a las mujeres empresarias.
No
se puede negar, que la puesta en vigencia del DR-CAFTA, representó a nivel
nacional, un proceso de gran envergadura y apertura comercial, que rompió con
muchos paradigmas comerciales. Sin embargo, desde esa fecha a la actualidad
muchas leyes y normas han sido promulgadas con el fin de adecuar el país a las
exigencias y obligaciones que demandó el compromiso asumido mediante la
ratificación de dicho Tratado.
Disposiciones
legales como: la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del Estado, de fecha 18 de agosto de 2006,
modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciembre de 2006, y su
Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto No. 543-12, la cual
otorgó la oportunidad a las mujeres para acceder a las compras y contrataciones
del Estado en iguales condiciones. Según la Dirección General de Compras y
Contrataciones Públicas, al cierre del año 2017 un total de 15,552 mujeres
habían sido registradas como Proveedoras del Estado, aumento que se ha logrado
por el impulso dinámico de su directora, la Dra. Yokasta Guzmán Santos.
Asimismo,
la Ley No.488-08, sobre el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y
Competitividad de las MIPYME, de fecha 19 de diciembre de 2008, estableció en
el Artículo 25, la obligatoriedad de las instituciones Estatales de adquirir el
15% de sus compras totales a las MIPYMES, y un 20%cuando fueran dirigidas por
mujeres. De igual forma, la Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, de fecha 25 de enero de 2012, incluyó en todos sus ejes
estratégicos el desarrollo de la competitividad y equidad en la micro, pequeña
y mediana empresa dominicana.
En
la Constitución del 2010, modificada en el 2015, se proclamó el Estado Social y
Democrático de Derecho, en la que se reconoció la igualdad de hombres y
mujeres, y se estableció que el Estado debía generar empleos, proveer salud,
educación, entre otros derechos, que garantizaran la inclusión y oportunidades
sin distinción de sexos. Reformas que a nivel nacional se han ido vinculando
con proyectos y programas que buscan fomentar mediante la cooperación interinstitucional,
la capacitación y competitividad de las mujeres que aspiran iniciar sus propias
empresas.
Valga
indicar, que tanto el sector público como privado, han aunado esfuerzos en pro
de apoyar a las mujeres emprendedoras y en aumentar sus remuneraciones. En ese
sentido, la banca nacional hizo eco al flexibilizar el acceso al crédito a las
mujeres, y desde el Gobierno se han desarrollado políticas públicas de
empoderamiento ala mujer para que logre su autonomía económica.
Dichas
políticas se desprendieron, como es obvio, delas normas internacionales
asumidas como Estado en el marco de las Naciones Unidas, como fueron: de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995; las recomendaciones del Consejo ONU-Mujeres;
las de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer (CSW) y demás consensos
sobre el empoderamiento económico de la mujer; de la Declaración del Milenio
del 2000 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que debieron ser alcanzados
en el 2015; y por último, de la Agenda 2030 para el desarrollo, en la que se
definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además
de que muchas mujeres su sumaron a varias iniciativas para apoyar y promover a
la mujer en el ámbito empresarial, como es el caso de la extinta Dra. Josefina Espaillat
Nanita, conocida como la “madre empresarial”, quien fue la primera mujer
Secretaria de Estado de Industria y Comercio en 1974, y la primera elegida para
presidir en 1984, la otrora Asociación Interamericana de Hombres de Empresas.
Desde este organismo internacional empresarial, con sede en Miami, impulsa los
cambios en favor de las mujeres empresarias, y al término de su período,
propuso cambiar el nombre al Consejo Nacional de Hombres de Empresa, por el de
Consejo Nacional de la Empresa Privada, el cual fue logrado con el apoyo de
algunos de sus miembros.
Esta
empresaria tenaz, fue mentora de la primera Asociación de Mujeres
Empresariales, a la que luego le siguieron:
la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y
Profesionales, Inc. (ANMEPRO), en 1985;la Federación de Mujeres Empresarias
Dominico-Internacional (FEM) en 1995; la Asociación de Mujeres Empresarias
(ADME), en 1997; y otras que fueron asociándose por áreas tan especializadas
como en el sector de la construcción, la fabricación de productos cosméticos y
del cuidado personal, artesanías, gestión cultural y turística, entre otras.
Hoy
día, siguen marcando el camino empresarial mujeres como Elena Viyella de
Paliza, Marisol Vicens Bello, Ligia Bonetti y Circe Almánzar, entre otras,
quienes sin miedos están rompiendo los obstáculos para que otras puedan
continuar. No hay que desmayar, hay que seguir apoyando la participación de las
mujeres en el sector productivo nacional, porque permitirá que sus condiciones
de vida mejoren y por ende, las de su familia.
No
obstante los avances en las oportunidades, continuarán las rivalidades, los
techos de cristal, los choques culturales, un hombre que aparece exigiéndole a
una mujer como en los años de 1930, y siempre entre las mujeres, la disyuntiva
de tener que decidir entre su carrera empresarial o su hogar. Por lo cual
concluyo que, potencializar las oportunidades de crecimiento económico de las
mujeres empresarias, ejecutivas y profesionales del país, sigue siendo un
proyecto en construcción donde se requiere darle mayores impulsos para poder
lograr el definitivo dominio y equilibro de la mujer en el mundo empresarial.
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