Bartolomé Pujals, portavoz de las organizaciones, leyó un informe general en el que las entidades dan cuenta de que la corrupción y la impunidad se han convertido en la característica fundamental del sistema político de República Dominicana, a través de un ordenamiento jurídico que lo garantiza, y sostienen que esto tiene un impacto que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos y de grupos vulnerables.
Un tercer eje sobre la situación respecto al derecho a la protesta y los movimientos sociales de lucha contra la corrupción e impunidad que se expresan en la Marcha Verde, fue presentado por Rosanna Marizán, quien afirmó que la represión ha sido usada por el Gobierno para garantizar la impunidad en la República Dominicana-
“En la medida que ha ido creciendo la indignación social y la protesta va tomando forma orgánica, el Estado se ha convertido en un resistente con represión brutal hacia la ciudadanía”, afirmó Rosanna Marizán.
Marizán informó sobre el asesinato de Vladimir Lantigua Baldera, militante del Movimiento Popular Dominicano (MPD) y de Marcha Verde, a manos de la Policía Nacional, en el marco de una protesta contra la corrupción y la impunidad en San Francisco de Macorís, el día 1 de agosto del año en curso, y el caso del médico y activista Wazar Gómez, quien en el pasado mes de julio denunció que fue golpeado por seguridad del presidente Danilo Medina.
También citó la represión de la Policía Nacional contra activistas de Poder Ciudadano, en noviembre de 2015, cuando se manifestaban frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y resaltó que fueron objeto de abusos y golpeados en una segunda oportunidad, pese al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en reconocimiento de su derecho a la protesta.
Al elevar el petitorio al organismo de los Derechos Humanos, Rosanna Marizán solicitó, en nombre las organizaciones, la intermediación del CIDH para que el Estado investigue el caso de Vladimir Lantigua, así como los demás casos de represión policial y de violación de los Derechos Humanos, y que los imputados sean procesados por el Sistema de Justicia dominicano, al mismo tiempo que urgieron la visita de una comisión del organismo a la República Dominicana para verificar sus denuncias.
El Estado dominicano estuvo representado por Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien dijo que se sentía “sorprendido” de que la República Dominicana haya sido citada por el CIDH a la audiencia temática, tras considerar que en el país no se ha producido situaciones en el funcionamiento del sistema político ni de violación de los Derechos Humanos, que justifiquen la aplicación del artículo 53 del reglamento de dicho organismo.
Espinal calificó de “inexacta e “incompleta” el informe - denuncia presentado por las organizaciones sociales dominicanas ante el CIDH y rechazó que en el país se haya instituido un sistema de represión, no hizo alusión alguna ni respondió los casos específicos de represión presentados por las entidades dominicanas, como fue el caso del asesinato de Vladimir Lantigua.
De su parte, Luis Ernesto, miembro del CIDH y relator en la audiencia, quien se refirió a la visita de trabajo solicitada por las organizaciones de la sociedad civil que suscriben la denuncia de violación de los Derechos Humanos en República Dominicana, dijo que están a la espera de que el Estado dominicano haga la invitación al organismo, tras señalar que el gobierno les comunicó que no podía ser en el momento político actual.
La CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como misión promover los Derechos Humanos, celebró 17 audiencias sobre situaciones de derechos humanos, sistemas de justicia, derecho de alimentación y de migrantes en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Haití, República Dominicana y Estados Unidos, realizadas ante una amplia asistencia de público en el edificio de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y seguidas por transmisión web por miles de personas, siendo un paso previo a la eventual visita de trabajo y verificación a los países que han sido objetos de las denuncias y a su presentación en la asamblea general de la OEA.
FALPO anuncia movilizaciones contra la impunidad
El vocero nacional del FALPO Raúl Monegro anunció que a partir de esta semana retomarán las manifestaciones para exigir “una investigación real” del asesinato de Mario Vladimir Lantigua Baldera y que los responsables sean sometidos a la justicia.
Monegro se quejó de que a 41 días de la muerte del dirigente popular y activista de Marcha Verde, Vladimir Lantigua, el Ministerio Público se ha limitado a decir que tiene cuatro años para la indagatoria del crimen.
“Es una irresponsabilidad del Fiscal Regis Victorio Reyes pedir que le lleven pruebas, cuando es precisamente su responsabilidad ir tras las pruebas y mantenerlas en custodia, para lo cual tiene los mecanismos. Desde un principio dijimos que la muerte de Vladimir Lantigua fue un asesinato político, el comportamiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que responden al gobierno de turno, lo confirma; han actuado para encubrir los asesinos y propiciar la impunidad”, manifestó Monegro.
Indicó que este miércoles 13 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, realizarán una marchará hasta el Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís, para piquetear la Fiscalía, y que luego se dirigirán a la Gobernación Provincial para exigir el cumplimiento de las demandas que dieron motivo a la huelga municipal.
El portavoz del FALPO advirtió, que de no ser sometidos en los próximos días los responsables de dar muerte a Vladimir Lantigua, podrían realizar una vigilia contra la impunidad frente al Palacio Nacional en la ciudad Capital.
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