Santo Domingo.- La reciente emisión de US$500 millones de bonos es un abuso de poder. Se acude a entidades crediticias no reguladas en la bolsa de valores de Nueva York para financiar a Punta Catalina con el propósito de mantener el contrato de Odebrecht en esta obra.
En vez de rescindir el contrato de Odebrecht en Punta Catalina e inhabilitar a esta empresa de por vida como contratista del Estado, como lo establece la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas, el gobierno persiste en continuar con esta empresa delincuente, aún cuando pierda el financiamiento europeo por este motivo.
El gobierno vendió estos bonos por fuera de la Ley de Valores de EUA de 1933, en un mercado en el que actúan agentes crediticios sin la regulación de la bolsa de valores de Nueva York ni de ninguna otra entidad.
Con estos bonos el país pagará el doble de los intereses y en menos tiempo que con el financiamiento europeo. Mientras el préstamo europeo es a una tasa de 2.275% anual pagadero en 15 años, estos bonos han sido negociados a una tasa de 5.10% a diez años, o sea el doble del financiamiento europeo, para ser amortizados en mucho menos tiempo.
Es bueno aclarar que la tasa de interés de estos bonos como los demás no son fijas. Varían dependiendo de múltiples factores de la economía y del nivel riesgo-país.
Esta emisión de bonos y su venta en el mercado internacional no regulado es el más reciente acto de abuso de poder del gobierno en la construcción de las dos plantas a carbón de Punta Catalina.
La mayor parte de la inversión que el gobierno ha realizado en Punta Catalina es ilegal y anticonstitucional. Esta inversión ha provenido del ahorro de la factura internacional del petróleo que ha sido desviada hacia esta obra sin estar consignado este destino en la Ley de Presupuesto de la Nación o sin haber sido previamente autorizado por el Congreso Nacional.
En esta carrera alocada y desesperada para financiar a Punta Catalina, el gobierno atacó a los fondos de pensiones de los trabajadores, de los cuales pretendía sacar 600 millones de dólares para esta obra. También sometió al Banco de Reservas a continuos préstamos para cubrir las operaciones de Punta Catalina sin respetar las medidas prudenciales, lo que colocó a este banco fuera del encaje legal.
Desde que el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no pudo desembolsar el financiamiento de 636 millones de dólares, a causa de la implicaciones de Odebrecht en el escándalo de Lava Jato y por estar este préstamo bajo sospecha de tráfico de influencias, el gobierno debió rescindir el contrato con Odebrecht por incumplimiento de esa empresa de la condición “Llave en mano” establecida en el contrato de construcción.
Sin embargo, el gobierno continúo con Odebrecht supliendo el crédito perdido precisamente a causa de la conducta corrupta de esta empresa, con el financiamiento interno, completamente ilegal e inconstitucional que en otro país medianamente institucionalizado le hubiera costado el puesto al Presidente de la República.
Después de haber estallado el mega escándalo de Odebrecht por confesión propia ante autoridades judiciales de EUA, Suiza y Brasil, el 21 de diciembre pasado, el gobierno ha protegido esta empresa con un acuerdo que la exime de la persecución penal por sus actuaciones delictivas, y ante la suspensión del desembolso del crédito europeo por la corrupción de Odebrecht, ha optado por sustituir este financiamiento por el de los bonos internacionales más caro y en perores condiciones.
El país debe detener esta cadena de abusos de poder y someter a la ley al gobierno y al Presidente Danilo Medina para que no continúe afectando a la economía nacional y a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, en aras de un proyecto inmensamente contaminante y corrupto como es la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina.
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