El licenciado Carlos Salcedo, abogado del ingeniero Manuel Rivas denuncio una trama en contra de su defendido, segun el jurista le hicieron esperar seis meses, en lugar de 48 horas, como prevé el Código Procesal Penal, para conocer el recurso de apelación, entre otras violaciones a sus derechos
El 19 de octubre de 2017 al Ing. Manuel Antonio Rivas Medina, se le impuso medida de coerción consistente en prisión preventiva, por un período de un año, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres debido al proceso investigativo por la lamentable muerte de Yuniol Ramírez.
A 425 días de franca violación de los derechos constitucionales del Sr. Rivas Medina, errores procedimentales por parte del Ministerio Público y un apresamiento infundado, la defensa tuvo que apelar y esperar seis meses, en lugar de 48 horas como prevé el Código Procesal Penal, para conocerse el recurso de apelación en contra de una resolución que impuso la prisión preventiva.
Actualmente el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional funciona como tribunal control y está apoderado de conocer la revisión obligatoria de la prisión preventiva a Manuel Antonio Rivas y también de la solicitud de prórroga de la investigación del Ministerio Público, el cual en los hechos ya fue otorgado por el sistema de justicia, pues el plazo máximo previsto en la norma para culminar la investigación es de un año y este caso tiene ya un año y dos meses desde que inició, que es el mismo tiempo que Manuel Antonio Rivas lleva en prisión.
Es claro que el sistema de justicia se ha visto desbordado por el populismo penal, por las prácticas desleales de los abogados de los querellantes, que en nada contribuyen con el debido proceso al que tiene derecho Manuel Antonio Rivas, sometido a un abuso por un hecho del que no existe una sola prueba en su contra, que han contado con un Ministerio Público que prefiere endosar la presión mediática en lugar de cumplir con los principios de objetividad y responsabilidad, que son fundamentales en sus actuaciones. De hecho el anterior abogado de Argenis Contreras, a quien se le acusa de haber participado en el hecho de sangre y se encuentra en prisión en los Estados Unidos, en diferentes oportunidades afirmó que su ex cliente desligó a Manuel Rivas del hecho de sangre que se le imputa.
No es casual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, viendo la plaga del populismo penal que causa daños inconmensurables al sistema de justicia, el pasado 5 de diciembre de 2018 durante la promoción de 20 miembros de la judicatura, les exhortara a no ceder ni “dejarse dominar por la turbulencia de las percepciones”.
De hecho, Mariano Germán fue enfático al expresar “el juez tiene que separarse de esa transitoriedad, de esa lucha por estar vibrando en la mente de los demás, y hacer su trabajo con quietud, con tranquilidad y con la prudencia del sabio, para desde esa prudencia del sabio, trabajar para construir una nueva realidad que es la realidad de la justicia”, dejando claro que la justicia mediática imperante no es justicia y, muy por el contrario, sirve de base para una total injusticia, como la que se viene cometiendo con conocimiento de causa por parte del Ministerio Público, con la complacencia de los demás actores del sistema de justicia.
El 19 de octubre de 2017 al Ing. Manuel Antonio Rivas Medina, se le impuso medida de coerción consistente en prisión preventiva, por un período de un año, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres debido al proceso investigativo por la lamentable muerte de Yuniol Ramírez.
A 425 días de franca violación de los derechos constitucionales del Sr. Rivas Medina, errores procedimentales por parte del Ministerio Público y un apresamiento infundado, la defensa tuvo que apelar y esperar seis meses, en lugar de 48 horas como prevé el Código Procesal Penal, para conocerse el recurso de apelación en contra de una resolución que impuso la prisión preventiva.
Actualmente el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional funciona como tribunal control y está apoderado de conocer la revisión obligatoria de la prisión preventiva a Manuel Antonio Rivas y también de la solicitud de prórroga de la investigación del Ministerio Público, el cual en los hechos ya fue otorgado por el sistema de justicia, pues el plazo máximo previsto en la norma para culminar la investigación es de un año y este caso tiene ya un año y dos meses desde que inició, que es el mismo tiempo que Manuel Antonio Rivas lleva en prisión.
Es claro que el sistema de justicia se ha visto desbordado por el populismo penal, por las prácticas desleales de los abogados de los querellantes, que en nada contribuyen con el debido proceso al que tiene derecho Manuel Antonio Rivas, sometido a un abuso por un hecho del que no existe una sola prueba en su contra, que han contado con un Ministerio Público que prefiere endosar la presión mediática en lugar de cumplir con los principios de objetividad y responsabilidad, que son fundamentales en sus actuaciones. De hecho el anterior abogado de Argenis Contreras, a quien se le acusa de haber participado en el hecho de sangre y se encuentra en prisión en los Estados Unidos, en diferentes oportunidades afirmó que su ex cliente desligó a Manuel Rivas del hecho de sangre que se le imputa.
No es casual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, viendo la plaga del populismo penal que causa daños inconmensurables al sistema de justicia, el pasado 5 de diciembre de 2018 durante la promoción de 20 miembros de la judicatura, les exhortara a no ceder ni “dejarse dominar por la turbulencia de las percepciones”.
De hecho, Mariano Germán fue enfático al expresar “el juez tiene que separarse de esa transitoriedad, de esa lucha por estar vibrando en la mente de los demás, y hacer su trabajo con quietud, con tranquilidad y con la prudencia del sabio, para desde esa prudencia del sabio, trabajar para construir una nueva realidad que es la realidad de la justicia”, dejando claro que la justicia mediática imperante no es justicia y, muy por el contrario, sirve de base para una total injusticia, como la que se viene cometiendo con conocimiento de causa por parte del Ministerio Público, con la complacencia de los demás actores del sistema de justicia.
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