Santo Domingo, RD.- El Colegio Dominicano de Notarios denunció que, suplantando al Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia ha creado mediante una resolución una tasa impositiva de 550 pesos en perjuicio de la ciudadanía y que, a la vez, reduce la potestad del notario y viola la propiedad intelectual de sus actos.
El doctor Pedro Rodríguez Montero, presidente del Colegio de Notarios, dijo que esa entidad ha decidido interponer ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la referida Resolución 21-2018, emitida el 6 de junio de 2018, por el Consejo del Poder Judicial y su presidente, Mariano Germán Mejía.
Durante una concentración-rueda de prensa en la sede del gremio profesional, con la asistencia de decenas de colegiados, que estaban vestidos con camisa blanca y corbata negra, exhortó a Germán Mejía a suspender la ejecución de esta resolución hasta tanto se pronuncien los jueces del Tribunal Constitucional, órgano supremo de interpretación de la carta sustantiva de la Nación.
En la actividad, los notarios pusieron a disposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia sellos y libros de protocolo, en señal de que de continuar su embestida contra ellos abandonarán la función que el Estado ha puesto en sus manos.
Dijo que permanentemente la Suprema Corte ha estado estableciendo tasas y aumentado los servicios a los ciudadanos por la expedición de copias de sentencias, certificaciones, registro civil, conservaduría de hipotecas y otros, para obtener recursos financieros que no se le proporciona en el presupuesto nacional.
Rodríguez Montero deploró la Resolución número 21-2018, dictada por el Consejo del Poder Judicial y su presidente Germán Mejía, mediante la cual se pretende aprobar un Reglamento sobre el Registro de los Actos Notariales y sus equivalentes.
“Calificamos esta decisión como irreflexiva, desafortunada e inconstitucional, toda vez que la misma desborda el ámbito de competencia de ese organismo y suplanta al Congreso Nacional al establecer un impuesto que por su naturaleza está comprendido en el artículo 91, numeral 1, de la Constitución de la República”, expresó.
El presidente del Colegio de Notarios indicó que se pretende disfrazar, mediante el mecanismo de tasa por servicio, un tributo que sólo puede ser establecido por ley en las cámaras legislativas y promulgadas por el Poder Ejecutivo.
Explicó que la referida Resolución número 21-2018 contraviene los términos de la Ley 140-15, que prevé el plazo de cinco días para que el notario registre los actos que la propia ley notarial precisa.
Manifestó que dicha resolución también contraviene los términos de la sanción prevista con motivo del incumplimiento por parte de los notarios.
“La Resolución número 21-2018 constituye un desatino que choca con el orden institucional, porque el Poder Judicial invade un campo reservado constitucionalmente a otro de los poderes públicos, al tiempo que vulnera una disposición legal que como la Ley núm. 140-15, que es un texto firme con la fuerza propia de un acto emanada de la acción legislativa de los congresistas y de la promulgación del Presidente de la República.
El presidente del Colegio de Notarios dijo que en el caso, el Consejo del Poder Judicial y su presidente Germán Mejía también se abalanzan contra la Resolución número 23-2017, dictada por ellos mismos, en octubre del 2017, que instituía el Reglamento para Registro de Testamentos y Poderes, el cual si se limitaba a estas actuaciones, no a todos “los actos notariales y a sus equivalentes”.
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