Autora: Margarita Cedeño de Fernández
El matrimonio infantil y las uniones tempranas se han convertido en un serio escollo para el desarrollo integral de nuestro país. Casi 4 de cada 10 mujeres que hoy están entre los 20 y los 24 años, se casaron antes de los 18 años, y 2 de cada 10 lo hicieron antes de los 15 años.
Esta realidad, junto a la de los embarazos en las adolescentes, está generando una fuerte presión sobre los indicadores de nuestro país y, más que nada, está perpetuando el círculo de la pobreza en muchas familias dominicanas.
Evidentemente, las zonas más afectadas por este flagelo se concentran en las provincias con mayor pobreza del país. Montecristi, Independencia, Pedernales y Barahona, son las que más alta tasa presentan, lo que coincide con las cifras relacionadas al embarazo precoz.
Con el matrimonio infantil, muchas veces, se busca escapar de la pobreza o de la violencia en un familia, incluso de situaciones difíciles en la vida de las adolescentes. Muchas otras no es más que una manifestación de las carencias de una familia. En todos los casos, el matrimonio infantil ocasiona que las niñas no obtengan logros académicos, se sometan a un proceso de madurez a destiempo, que ocasiona serios daños psicológicos y emocionales y generan importantes problemas económicos.
Por ello, el matrimonio infantil ha pasado a ser un problema económico, social y de salud pública, que generará un costo de miles de millones de dólares para los países en desarrollo, de acuerdo a lo que ha dicho el Banco Mundial.
Según ese estudio, la erradicación del matrimonio infantil disminuiría las tasas de fecundidad en países en desarrollo, lo que resultaría en un menor crecimiento de la población y, por ende, un ahorro de alrededor de 500 mil millones de dólares para esos países. En el caso de la República Dominicana, este beneficio económico ha sido calculado en 4,100 millones de dólares anuales.
De igual manera, poner fin al matrimonio infantil reduciría las tasas de mortalidad materno-infantil, aumentaría la participación y el nivel de ingresos de las mujeres en el mercado laboral, entre otros muchos beneficios.
Para el caso de la República Dominicana, el resultado de investigaciones que hemos realizado desde el Gabinete Social con UNICEF, afirman que acabar el matrimonio infantil disminuiría la pobreza entre ese grupo de mujeres de un 41% a un 29.7%. La pobreza nacional disminuiría de un 30.5% a un 27.7%.
Para ello, es necesario tomar importantes medidas tanto desde el ámbito público como desde el sector privado, especialmente en el sector educativo. De la misma manera, es esencial fomentar un marco jurídico y normativo favorable, tal y como ha sido discutido en torno a las modificaciones al Código Civil dominicano, que aún cursan el Congreso Nacional.
En conclusión, el matrimonio infantil es un grave problema social, con repercusiones económicas y para salud, que requieren de nuestra urgente atención. Los programas educativos deben aumentar la conciencia pública sobre las consecuencias de este problema y empoderar a las niñas con información oportuna, sobre todo lo que pierden al ser objeto de un matrimonio precoz.
Publicar un comentario